La convalidación de los permisos de conducir expedidos por Marruecos vuelve a situarse en el centro de la polémica. Más de 40.000 marroquíes residentes en España conducen con el carné de su país sin haberlo convalidado, pese a que la legislación sólo permite utilizar ese permiso durante seis meses desde la entrada o residencia legal en territorio español.

El problema no es nuevo. En 2004, el Estado español bloqueó la convalidación directa de estos permisos tras detectar numerosas irregularidades. Entre ellas, la existencia de carnés falsos y la posibilidad de obtener el permiso en Marruecos mediante el pago de una tasa, sin las garantías exigidas en España.

A esa situación se sumó otra práctica que las autoridades españolas consideraron abusiva: ciudadanos marroquíes con residencia en España que regresaban puntualmente a Marruecos para obtener allí el carné y, después, solicitaban su canje directo por el permiso español. El sistema terminó convertido en un coladero y obligó a frenar la convalidación automática.

El giro llegó con el acercamiento entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Mohamed VI. En 2024, la Dirección General de Tráfico volvió a abrir la puerta a la convalidación directa de los permisos marroquíes, después de que Rabat informatizara y profesionalizara su sistema de expedición. El nuevo mecanismo permite a la DGT intercambiar información con las autoridades marroquíes para verificar la autenticidad de los datos de los solicitantes.

En la práctica, el procedimiento se ha convertido en un trámite casi directo. Un marroquí con permiso de conducir expedido en su país puede obtener el carné español mediante una gestión telemática, sin necesidad de acudir físicamente a una sede de la DGT, siempre que cumpla los requisitos exigidos.

La principal barrera afecta a los marroquíes que ya residían en España cuando obtuvieron el permiso en Marruecos. En esos casos, la DGT exige que se presenten al examen español, precisamente para impedir que se reproduzcan los abusos que llevaron al bloqueo del sistema hace dos décadas.

Esa exigencia ha abierto otro frente. Muchos afectados alegan que la barrera idiomática les impide superar el examen en España. Mientras tanto, continúan circulando con el permiso marroquí antiguo, pese a que su validez en territorio español queda limitada a seis meses. Superado ese plazo, conducir equivale a hacerlo sin carné y puede acarrear una multa de 500 euros.

La situación ha provocado nuevas concentraciones de afectados, similares a las que hace dos años llegaron a las puertas de la DGT y de la Embajada de Marruecos. La reivindicación vuelve a colocar al Gobierno ante un dilema político: mantener controles para evitar un nuevo coladero de permisos irregulares o ceder ante una presión que afecta ya a decenas de miles de conductores.

El caso expone, además, una consecuencia directa de la relación privilegiada que Pedro Sánchez ha cultivado con Rabat. La reapertura de la convalidación ha facilitado el canje de permisos marroquíes, pero no ha resuelto el problema de fondo: cómo garantizar la seguridad vial y la igualdad de exigencias sin convertir de nuevo el sistema en una vía de entrada para carnés falsos, irregulares o expedidos sin los controles que se aplican en España.