La regularización masiva de inmigrantes y las nacionalizaciones exprés vinculadas a la denominada ‘ley de nietos’ han extendido las sospechas sobre las próximas elecciones generales. El 53,1% de los españoles considera evidente o probable que el Gobierno de Pedro Sánchez esté preparando «algún tipo de manipulación electoral».

Así lo refleja una encuesta elaborada por Target Point para El Debate, en plena polémica por las medidas impulsadas por el Ejecutivo socialista y las advertencias de la oposición sobre sus posibles consecuencias para el censo.

En concreto, el 32% de los encuestados cree que la preparación de una maniobra electoral resulta evidente, mientras que otro 21,1% la considera probable. Frente a ellos, el 10,7% sostiene que es poco probable y el 17,4% descarta por completo esa posibilidad. El 18,8% restante no sabe qué responder.

Las diferencias aumentan al analizar las respuestas según la intención de voto. Entre los potenciales electores del PP, más de la mitad afirma que la manipulación es evidente. El porcentaje se dispara hasta el 85% entre los votantes de VOX.

Los votantes de la izquierda se muestran menos receptivos a estas sospechas. Casi seis de cada diez electores socialistas descartan por completo que el Ejecutivo esté preparando una alteración electoral, aunque un 14% admite que sí cree posible alguna maniobra de cara a las generales.

Entre los potenciales votantes de Podemos, la mitad rechaza esa hipótesis. La desconfianza es mayor entre los electores de Sumar: el 28% considera que el Gobierno prepara algún tipo de manipulación.

En el caso de los partidos separatistas, el 22% se decanta por el sí y el 40% rechaza las sospechas. Sin embargo, el dato más significativo es la incertidumbre: un 38% responde que no sabe si el Ejecutivo puede estar preparando una actuación para influir en los próximos comicios.

El debate ha cobrado fuerza a raíz de la regularización masiva promovida por el Gobierno y del proceso de concesión de nacionalidades mediante la ley de nietos, recogida en una disposición adicional de la ley de Memoria Democrática. La oposición ha exigido garantías sobre la elaboración del censo y ha advertido de los riesgos que supondría acelerar incorporaciones sin los controles necesarios.

La encuesta fue realizada entre el 15 y el 17 de julio de 2026 a 1.004 personas mayores de edad, empadronadas, residentes en España y con derecho a voto, con la excepción de Ceuta y Melilla. El trabajo de campo se desarrolló mediante entrevistas en línea y presenta un margen de error de ±3,1% para un nivel de confianza del 95,5%.