La Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) denuncia que más del 50% de los puestos ocupados por inspectores en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) se han cubierto mediante el sistema de libre designación, una fórmula que permite a la Administración elegir discrecionalmente quién ocupa determinados cargos y que los responsables de la asociación consideran que se ha extendido de forma inadecuada durante años.
Según publica El Independiente, la denuncia figura en un documento de reivindicaciones presentado durante el XXXVI Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, celebrado esta semana. En él, la organización cuestiona el modelo de provisión de puestos de trabajo y advierte de que la libre designación se ha convertido en un mecanismo habitual para cubrir plazas que, a su juicio, deberían adjudicarse mediante procedimientos objetivos.
En la Administración pública existen dos sistemas principales para asignar destinos. El concurso, que tiene en cuenta factores como la antigüedad, la experiencia y la formación, y la libre designación, que concede a la Administración un margen de decisión mucho mayor para escoger entre funcionarios que cumplen los requisitos. Esta última modalidad permite también cesar discrecionalmente al empleado de su destino, sin que pierda por ello su condición de funcionario.
Los inspectores sostienen que el uso de esta fórmula ha provocado una progresiva transformación del sistema de provisión, al reconvertir puestos inicialmente previstos para concurso en plazas de libre designación. Para corregirlo, proponen reservar esta modalidad sin restricciones exclusivamente a los puestos directivos.
Su alternativa contempla un modelo de tres vías: libre designación para los cargos directivos, nombramiento mixto para determinados puestos y concurso como procedimiento general. En el sistema mixto, la Administración podría escoger a uno de entre tres y cinco candidatos previamente seleccionados mediante criterios objetivos, como la experiencia, la antigüedad o la formación.
La inestabilidad de la cúpula directiva constituye otro de los motivos de preocupación. Desde la creación de la Agencia Tributaria, hace casi 35 años, el organismo ha tenido 15 directores generales, con una permanencia media ligeramente superior a los dos años. Los inspectores recuerdan que en una ocasión llegaron a coincidir cuatro responsables en apenas dos años, lo que provocó más de 300 ceses y nombramientos en puestos de libre designación.
IHE advierte de que esta sucesión de cambios ha provocado el abandono de proyectos en los que la institución llevaba años trabajando y puede generar dudas sobre la independencia del organismo y los motivos de los frecuentes nombramientos y destituciones.
A esta situación se suma el déficit de personal. La Agencia Tributaria llegó a contar con unos 28.000 trabajadores entre 1992 y 2009, pero la falta de reposición de efectivos durante la crisis financiera redujo la plantilla hasta los 24.839 empleados. Desde entonces, la Agencia no ha recuperado sus niveles anteriores.
Los planes de refuerzo tampoco han cumplido sus objetivos. El Plan Estratégico 2020-2023 pretendía elevar la plantilla hasta los 30.434 efectivos para aproximarse a la media de la OCDE. Sin embargo, en 2023 contaba con 25.832 trabajadores. El siguiente plan, correspondiente al periodo 2024-2027, establece como objetivo alcanzar los 29.376 empleados. Al cierre de 2025, la cifra era de 27.226.
Por último, los inspectores denuncian una distribución territorial desigual de los recursos humanos, que no siempre se corresponde con el volumen de contribuyentes que debe controlar cada delegación. Para solucionarlo, reclaman un sistema permanente de auditoría de necesidades que permita redistribuir efectivos y adaptar las plantillas a las cargas de trabajo.
