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51 responden al mandato de aplicación de reglamentos comunitarios y 81 son recomendaciones

Más del 53% de leyes aprobadas en los últimos cinco años tuvieron su origen en Bruselas

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El 53,6% de las 246 leyes aprobadas durante los últimos cinco años por Congreso y Senado en España tuvieron su origen en las instituciones europeas (Bruselas), según se desprende del análisis realizado por la Oficina del Parlamento Europeo en España con motivo de las elecciones del próximo domingo.

En concreto, 132 de las leyes aprobadas durante la actual legislatura que acaba en la Eurocámara en Bruselas (2019-2024) regulan aspectos que respetan la línea marcada por las instituciones de la Unión Europea y que derivan de directivas o reglamentos comunitarios o se enmarcan en el paraguas regulatorio fijado por las mismas.

Así, 51 responden al mandato de aplicación de reglamentos comunitarios o a la transposición al ordenamiento jurídico español de directivas aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo, mientras que las otras 81 contienen referencias a recomendaciones, programas o iniciativas comunitarias.

El porcentaje de leyes influidas por las decisiones que se toman en la UE se mantiene en torno al 50% todos los años en el periodo analizado, con la salvedad de 2023 cuando debido a la disolución de las Cortes con motivo del adelanto electoral y el consecuente descenso de la actividad legislativa, el porcentaje anual alcanza un inusual 72%, según el comunicado de la Oficina del Parlamento Europeo en España.

Este dato se mantiene en 2024, ya que hasta la fecha se han aprobado dos iniciativas legislativas en este arranque de legislatura, de las que una es la transposición de una directiva europea que regula la conciliación familiar y la vida profesional de progenitores y cuidadores de la Unión Europea.

En la actualidad, según datos del Ministerio de Asuntos Experiores, Unión Europea y Cooperación, España está pendiente de transponer 55 directivas europeas, la mayoría de ellas con fecha límite de transposición este año así como en 2025 y 2026, si bien dos de ellas, relacionadas con los gases de efecto invernadero, debían haberse transpuesto antes del 31 de diciembre de 2023 y otras tres tenían de plazo marzo, abril y mayo de 2024.

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