Tal y como instó el magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso PSOE en el Supremo, el juez Ismael Moreno —que instruye la pieza relativa a los implicados sin fuero en la Audiencia Nacional— ha decidido extender la imputación que ya recaía sobre Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y Javier Herrero, ex director general de Carreteras. Ambos están citados a declarar el próximo 21 de julio, dentro de una nueva línea de investigación centrada en adjudicaciones presuntamente amañadas de contratos públicos.
Según ha adelantado El Debate, diversas fuentes del ámbito judicial sostienen que existen «indicios sólidos» de que tanto Pardo de Vera como Herrero habrían desempeñado un papel activo facilitando la concesión irregular de obras públicas. Estas adjudicaciones, presuntamente dirigidas a determinadas empresas, habrían estado condicionadas al pago de comisiones, parte de las cuales podrían haber nutrido no solo los bolsillos de los líderes de la trama, sino también, eventualmente, las arcas del PSOE a través de vías de financiación presuntamente ilegales.
El juez Puente ya había advertido en un auto fechado el 25 de junio que ambos ex altos cargos pudieron haber actuado en coordinación con el aforado José Luis Ábalos, exministro de Transportes, a través de su hombre de confianza, Koldo García Izaguirre, también investigado. La sospecha se fundamenta en grabaciones y comunicaciones intervenidas, que revelarían cómo Herrero y Pardo de Vera habrían suministrado, de forma inmediata y directa, datos clave de los expedientes en curso, incluyendo fechas de apertura de ofertas o planificación de licitaciones, todo ello siguiendo presuntas instrucciones dictadas desde el entorno de Ábalos.
En el caso de la ex presidenta de Adif, esta derivada judicial no es la única que la mantiene bajo el foco de la justicia. Pardo de Vera ya está siendo investigada por su papel en el supuesto trato de favor a Jessica Rodríguez, expareja del propio Ábalos, quien fue contratada en empresas públicas como Ineco y Tragsatec. Según la investigación, estos contratos habrían sido diseñados de manera arbitraria, permitiéndole cobrar un salario público sin acudir a su puesto de trabajo. Por estos hechos, Pardo de Vera se enfrenta a posibles cargos por tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
Así, se estrecha el cerco judicial en torno a varios antiguos responsables del Ministerio de Transportes bajo el mandato socialista, en un caso que apunta a una supuesta red de corrupción institucionalizada, en la que la connivencia entre cargos políticos y funcionarios técnicos habría sido clave para manipular procesos de contratación a cambio de contraprestaciones económicas.
