La presidenta andaluza, Susana Díaz, dice confiar en que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, «no siga boicoteando» a la Junta en la recuperación de derechos, en alusión a la jornada de 37,5 horas semanales de los empleados públicos de la comunidad.
La jornada laboral de 37,5 horas semanales para unos 250.000 empleados públicos de la Junta de Andalucía ha empezado esta semana después de que el pasado 26 de diciembre el Consejo de Gobierno ratificara el acuerdo entre la Consejería de Hacienda y los sindicatos CSIF, UGT y CCOO.
El acuerdo incluye 35 horas presenciales y dos horas y media más cada semana para preparar desde casa materias relacionadas con la actividad laboral, entre las que se encuentran la realización de formación online, acciones de autoaprendizaje, como másteres o grados, o el sistema ya existente de acreditación y evaluación de destrezas y competencias en el ámbito sanitario.
Además permitirá cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula la semana laboral de 35 horas para los empleados públicos andaluces tras un recurso presentado por el Gobierno contra esta medida.
El Ejecutivo de Susana Díaz publicó este lunes el catálogo de tareas que computan como jornada laboral no presencial. Entre las actividades se pueden encontrar, tal y como ha recogido el diario ABC, un curso de meditación de raíces budistas “new age” (“mindfulness”) que computa como 30 horas trabajadas o unas clases de autoayuda presentadas bajo el título “aprendiendo a ser tu propio líder en el trabajo” y que convalidan 18 horas.
“Lenguaje claro para comprender y hacernos entender”, con 10 horas de trabajo, “descuentos aplicables en la nómina de la Junta de Andalucía” (60 horas), “Gestión de los Programas de Fondos Europeos en Andalucía” (18 horas) o “Régimen jurídico del personal al Servicio de la Administración de la Junta de Andalucía” (40 horas), son otras de las tareas formativas ofrecidas.
Estos cursos para completar las 2,5 horas de teletrabajo semanal únicamente serán realizados por la Administración general, el sector sanitario y el sector instrumental. Ni el sector docente ni el judicial están incluidos.
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