Militares marroquíes que entraron aprovechando la invasión de Ceuta de los días 30 y 31 de julio habrían participado en la organización de al menos una emboscada contra soldados españoles, según fuentes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Guardia Civil citadas por El Español. Las sospechas se centran en el ataque registrado el 27 de agosto en Benzú, donde unos 70 individuos rodearon una patrulla de Regulares y agredieron a sus cuatro integrantes. Uno de los arrestados reconoció, de acuerdo con esas fuentes, que era militar en Marruecos.

La posible intervención de personas con preparación militar constituye una de las principales líneas señaladas por los testimonios recogidos por el diario. Los efectivos consultados consideran que la elección del lugar, el horario y la actuación conjunta de los agresores apuntan a una preparación previa. También relacionan sus sospechas con otros tres ataques que, según un mando militar, se produjeron en las 72 horas siguientes. Estas fuentes atribuyen a individuos con formación específica una capacidad organizativa distinta de la del resto de participantes, aunque esa valoración no equivale a una conclusión judicial sobre la autoría de las emboscadas.

El asalto de Benzú comenzó hacia las 5.30 de la madrugada, cuando los cuatro soldados se dirigían a un puesto de vigilancia en un vehículo sin blindaje. El atestado describe un lanzamiento simultáneo de piedras de gran tamaño desde la playa y el monte, mientras decenas de personas cercaban el vehículo. Los militares tuvieron que abandonarlo y correr hacia la playa de Calamocarro, perseguidos por atacantes que portaban piedras y palos. Los cuatro resultaron heridos y necesitaron atención médica. Según una fuente del Ejército, una veintena de personas persiguió a la sargento de la patrulla.

Una llamada al 112 movilizó a la Policía Nacional, que detuvo a 12 sospechosos durante las dos horas posteriores. Parte de los participantes huyó hacia el monte cuando llegaron los refuerzos, y los agentes emplearon un dron con cámara térmica para localizar a quienes permanecían escondidos o continuaban escapando. Entre los arrestados figuraba A. A., nacido en 1985, quien, según las fuentes militares citadas, admitió pertenecer al Ejército marroquí y fue expulsado de España en un plazo de 24 horas.

Once detenidos aceptaron los hechos y recibieron condenas de dos años de prisión, sustituidas por la expulsión y la prohibición de regresar a España durante cinco años. El único arrestado que rechazó su participación sostuvo que estaba durmiendo cuando lo detuvieron y permanece pendiente de juicio. Paralelamente, las fuentes consultadas aseguran que los servicios de información de la Policía Nacional y la Guardia Civil han detectado a agentes marroquíes que estarían interviniendo en la coordinación de grupos de los llegados a Ceuta.

A las sospechas de planificación se suma la difusión previa de mensajes contra los militares españoles. El analista de seguridad José María Gil Garre ha explicado que, antes de la agresión, identificó publicaciones que presentaban a los soldados como enemigos y propagaban informaciones falsas sobre su actuación. Entre esos contenidos figuraban imágenes de tanques asociadas a un supuesto despliegue agresivo y el relato inventado de la ejecución de un marroquí de un disparo en la cabeza. Según el experto, esos mensajes contribuían a crear un clima de hostilidad contra las tropas.