Una nueva trama de corrupción salpica al PSOE y, en concreto, al Gobierno de coalición que preside Miguel Ángel Revilla (PRC) en Cantabria.
El pasado 22 de febrero la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria registraron la sede de la Consejería de Obras Públicas de Cantabria por orden de un juzgado de Madrid por presuntas irregularidades en adjudicaciones en el Servicio de Carreteras. También se registraron la casa y las oficinas de varios cargos de la consejería.
Según las sospechas de la Policía, el jefe del Servicio de Carreteras, Miguel Ángel Díez, llevaba diez años adjudicando contratos de forma irregular gracias al cargo que ocupaba y cobrando comisiones por ello, los mismos años que Revilla, del Partido Regionalista de Cantabria, lleva siendo presidente de la región (desde 2003), salvo una legislatura en manos del PP.
La Policía Nacional, que junto a la Agencia Tributaria llevaba un año investigando la trama de corrupción en carreteras, detuvo entonces a ocho personas: a Miguel Ángel Díez como presunto líder, su esposa, sus dos hijos y cuatro personas relacionadas con las empresas investigadas.
En el domicilio de Díez, los agentes encontraron 534.000 euros en metálico y una máquina de contar dinero. También comprobaron que sus cuentas bancarias registraron un volumen de entrada de casi tres millones de euros en 2022, a pesar de tener un salario bruto de 69.160 euros anuales.
El día de las detenciones, el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, aseguró que desconocía «absolutamente» a qué se debían los registros en su departamento y dijo que no le constaba «ninguna sospecha ni denuncia» en el servicio de mantenimiento de carreteras. Sin embargo, menos de diez después el presidente cántabro anunció que había aceptado la dimisión del consejero que, según fuentes del Gobierno cántabro, se hará efectiva «en las próximas horas». Su dimisión también implica la salida del director general de Carreteras, Manuel del Jesús.
Revilla aseguró entonces que «ponía las dos manos en el fuego» por Gochicoa, pero reconoció que «los controles» sobre el funcionario encarcelado «habían fallado» y, por tanto, «no le quedaba más remedio» que aceptar la renuncia de su consejero. El presidente cántabro lamentó tanto su dimisión que le ha organizado una fiesta de homenaje este sábado, a la que van a acudir, según Revilla, más de 1.000 personas. «El próximo 12 de marzo celebraremos un gran homenaje a nuestro compañero en el Palacio de Exposiciones de Santander, en el que esperamos una afluencia multitudinaria para reconocer su gran labor como consejero», ha anunciado el PRC.
Revilla reconoce que recibió un «chivatazo» de la Delegada del Gobierno en Cantabria
El mismo día en que Miguel Ángel Revilla anunció la futura dimisión de Gochicoa, el presidente cántabro dio un detalle clave en la trama de corrupción.
Así, el pasado 3 de marzo reconoció que había recibido un chivatazo del Gobierno de España, de la mano de la Delegada del Gobierno en Cantabria, Ainhoa Quiñones, de que la Policía Nacional y la Agencia Tributaria iban a registrar y detener a los presuntos corruptos de la trama, facilitando así la posible destrucción de pruebas antes del registro.
«El miércoles a las 7.20 me sonó el móvil cuando me estaba afeitando y era la Delegada del Gobierno que me comunicaba que a las 7.30 iban a entrar en la Consejería de Obras Públicas inspectores, fiscales y policías ante un caso de corrupción muy grave donde había detenidos, donde habían encontrado dinero en el domicilio de una persona de la consejería y que me lo comunicaba para que tuviera conocimiento de que se iba a proceder con ese registro», confesó.
La delegada, Ainoa Quiñones, negó el mismo día esa información y, tras la polémica desatada, Revilla rectificó diciendo que cuando recibió la llamada, la Policía ya había entrado en el edificio.
El subdirector general de Obras Públicas también aparece en el sumario
Pese a que Revilla asegura que además del jefe de Servicio de Carreteras nadie de la Consejería está implicado, el pasado 7 de marzo se conoció otro cese en el departamento.
Gochicoa, que todavía es consejero ya que está previsto que dimita la semana que viene, ha cesado al subdirector general de Obras Públicas, Sebastián Martín, después de conocerse que aparece en el sumario de la causa judicial.
El sumario recoge unas escuchas telefónicas que muestran que Martín iba a cenar con varios de los detenidos en esta causa en un restaurante de lujo, como así lo tenía agendado para el 25 de febrero.
Según las escuchas, el subdirector general de Carreteras tenía agendada una comida en el restaurante tres estrellas Michelín El Celler de Can Roca junto al presunto cabecilla de la red, la mujer de este y dos responsables de una empresa, que no se llegó a celebrar porque cuatro días antes el juzgado destapó la trama.
VOX y Cs piden una comisión de investigación que el PP rechaza
VOX y Ciudadanos han presentado en el Parlamento de Cantabria la petición de una comisión de investigación sobre el asunto que no ha sido admitida por el resto de partidos.
El portavoz de VOX en el Parlamento de Cantabria, Cristóbal Palacio, ha denunciado que resulta «incomprensible» que sea el Partido Popular quien no la aprueba «cuando simultáneamente está pidiendo otra exactamente igual por el Caso Mediador» en el Congreso. «No entendemos que el PP se escandalice en Madrid por las actuaciones de dicha trama y aquí considere que no es relevante demostrando un silencio cómplice».
«Tenemos que plantearnos si estas empresas corruptoras han corrompido más tejido institucional que el de la propia Consejería de Obras Públicas», exige Palacio tras apuntar hacia el «enorme volumen de fondos intervenidos» y el volumen de «enriquecimiento del funcionario».
Para VOX, todo apunta que esta trama se ha prolongado «durante mucho tiempo atrás» y se plantea si se extiende «hacia anteriores responsables» de la Consejería.
