La Presidencia del Gobierno ha reconocido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que no controla ni conserva registros sobre los viajes que realiza Begoña Gómez en el Falcon u otras aeronaves oficiales cuando estos no forman parte de los desplazamientos oficiales del presidente del Gobierno. La admisión figura en un escrito de la Abogacía del Estado presentado en el procedimiento abierto tras la reclamación impulsada por El Debate, que solicitó conocer el número de vuelos, los destinos, los motivos y la duración de los desplazamientos de la esposa de Pedro Sánchez.
La respuesta supone un cambio relevante respecto a la posición mantenida hasta ahora por Moncloa. Tras varios intentos de evitar facilitar esta información, la Abogacía del Estado sostiene que Presidencia únicamente documenta la actividad generada en el ejercicio de las funciones oficiales del jefe del Ejecutivo y de su delegación, por lo que asegura que «no posee» datos sobre los desplazamientos realizados por personas que no ostentan un cargo público cuando actúan al margen de ese acompañamiento.
De este modo, el Gobierno admite que no dispone de información sobre el uso que Begoña Gómez pueda haber hecho del Falcon u otras aeronaves estatales en viajes privados, al no existir —según su argumentación— obligación de registrar esos desplazamientos. La respuesta, lejos de despejar las dudas, alimenta la polémica sobre el control del uso de medios públicos por parte de la esposa del presidente.
El escrito también recuerda que Begoña Gómez dispone de un pasaporte diplomático por su condición de esposa del presidente del Gobierno. Según la documentación citada, este tipo de documento tiene como finalidad facilitar el ejercicio de la acción exterior del Estado. Diversos expertos jurídicos consultados por el medio sostienen que su utilización debería limitarse a los desplazamientos vinculados a misiones oficiales junto al jefe del Ejecutivo y no a viajes de carácter privado.
La cuestión de los desplazamientos de Begoña Gómez ya había llegado a la investigación que dirige el juez Juan Carlos Peinado. En ese procedimiento, el magistrado solicitó información sobre sus viajes, lo que dio lugar a un listado elaborado por la Oficina Nacional de Información del Pasajero (ONIP) con vuelos comerciales realizados durante los últimos cinco años. Entre ellos figuraba un viaje a República Dominicana efectuado en junio de 2022 a bordo de un avión de Air Europa.
No obstante, esos registros no incluyen los desplazamientos realizados en aeronaves militares o del Estado. El propio documento señala, además, que no aparece reflejada la asistencia de Begoña Gómez a la Cumbre Iberoamericana celebrada en República Dominicana en marzo de 2023, lo que evidencia que las bases de datos consultadas no recogen los vuelos efectuados mediante medios oficiales.
La controversia se produce después de que el Consejo de Transparencia obligara en septiembre de 2024 a Presidencia del Gobierno a facilitar información sobre el uso de aeronaves militares por parte de Begoña Gómez, incluyendo el número de vuelos, los destinos y los motivos de los desplazamientos. Según el escrito de la Abogacía del Estado, Moncloa mantiene que carece de esos datos cuando la esposa del presidente no forma parte de una delegación oficial, motivo por el que el procedimiento judicial ante el TSJM continúa abierto.
La nueva posición del Ejecutivo llega tras más de dos años de litigio y después de que Presidencia remitiera únicamente información parcial sobre desplazamientos del presidente del Gobierno a residencias oficiales, sin acreditar en qué ocasiones viajaba también Begoña Gómez. Ahora, la Abogacía del Estado sostiene que esos posibles viajes privados no están registrados por la Administración, al considerar que quedan fuera de su ámbito de documentación.
