La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez y la ministra Mónica García de aceptar que el crucero afectado por un brote de hantavirus atraque en Tenerife ha desatado una fuerte tormenta política y sanitaria en Canarias. La medida, adoptada tras una petición de la Organización Mundial de la Salud, ha provocado un profundo malestar en el Ejecutivo autonómico y en distintos sectores de la sociedad canaria, que denuncian falta de información y ausencia total de coordinación con las islas.
El barco, el ‘MV Hondius’, tiene previsto llegar al puerto de Granadilla, en Tenerife, donde se activará un dispositivo especial para evacuar y trasladar a los pasajeros españoles. Según el Gobierno, los 14 ciudadanos españoles que permanecen a bordo no presentan síntomas y serán conducidos posteriormente a la base aérea de Torrejón y al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid para realizar controles médicos y seguimiento sanitario.
Sin embargo, la operación ha abierto un intenso debate político por la forma en que se tomó la decisión. El presidente canario, Fernando Clavijo, criticó duramente al Ejecutivo central y aseguró que el traslado no responde a «criterios técnicos», sino a una imposición unilateral realizada sin consultar previamente a las autoridades autonómicas.
La polémica se ha agravado porque muchos ciudadanos cuestionan por qué España ha asumido la gestión del buque cuando entre Cabo Verde y Canarias existen numerosos países capaces de ofrecer asistencia. Esa pregunta ha alimentado aún más las críticas contra Moncloa y ha despertado temores relacionados con la gestión de crisis sanitarias internacionales tras la experiencia de la pandemia.
Fuentes próximas al Ministerio de Sanidad apuntan además a otro elemento clave detrás de la decisión: el peso que actualmente tiene Mónica García dentro de la Organización Mundial de la Salud. La ministra española ocupa desde mayo de 2025 un asiento en el Consejo Ejecutivo de la OMS, algo que España no lograba desde hacía dos décadas.
Según esas mismas fuentes, el Ejecutivo español habría aceptado la petición del organismo internacional para evitar un choque diplomático con la dirección de la OMS y con su presidente, Tedros Adhanom Ghebreyesus. En círculos cercanos a la operación se admite que la presión sobre Sanidad fue aumentando durante las últimas horas y que el Gobierno terminó cediendo para no deteriorar su posición dentro del organismo sanitario internacional.
Mientras tanto, Mónica García ha intentado rebajar la tensión política y aseguró desde La Moncloa que el Ministerio ha mantenido informado en todo momento al Ejecutivo canario. La ministra defendió que el objetivo prioritario es gestionar la crisis sanitaria y rechazó entrar en una “polémica política” sobre el asunto.
No obstante, desde Canarias sostienen que existió un cambio de criterio de última hora y reprochan al Gobierno central haber comunicado la decisión cuando ya estaba prácticamente cerrada. Clavijo llegó a acusar directamente al Ministerio de Sanidad de actuar sin transparencia y de ignorar las preocupaciones de la comunidad autónoma.
El Ejecutivo central insiste en que la situación está “bajo control” y asegura que el atraque del barco se realizará bajo estrictas medidas de seguridad para evitar cualquier riesgo de transmisión del hantavirus. Además, Sanidad subraya que el puerto de Granadilla presenta poca actividad y que su cercanía con el aeropuerto del sur de Tenerife facilita la logística del operativo sanitario y de evacuación.
La llegada del crucero ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el papel de España en emergencias internacionales y sobre la capacidad del Gobierno para coordinarse con las comunidades autónomas en asuntos sensibles relacionados con salud pública y seguridad sanitaria.
