«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

Moreno cree que el Gobierno tendrá que ceder la gestión del Ingreso Mínimo a las comunidades

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha opinado este lunes que el Gobierno central tendrá que «rectificar» y ceder la gestión de Ingreso Mínimo Vital a las comunidades autónomas y ha defendido que les asiste «la razón y la Constitución» al tratarse de una cuestión de servicios sociales.

Moreno, que ha visitado un vivero de Sevilla dedicado a la reforestación de espacios naturales, ha dicho que van a esperar a la «reacción» del Gobierno porque se les ha trasladado que iba a reconsiderar su decisión y que estaba dispuesto a firmar «convenios» con las comunidades autónomas para la gestión de esta ayuda.

«Vamos a confiar y a darle una oportunidad a que el Gobierno pueda rectificar y que se puedan hacer las cosas como se tenían que haber hecho desde el principio», ha añadido Moreno, quien ha reclamado «diálogo» y planificación conjunta con las comunidades.

Ha criticado que hayan pasado tres días hasta que se ha publicado «la letra pequeña» en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y ha criticado los «adjetivos» del presidente, Pedro Sánchez, y del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya que ha afirmado que «Andalucía está perfectamente preparada» por su experiencia de gestión durante 30 años y por su «capacidad y solvencia».

Ha lamentado que ambos hayan «deslizado opiniones claramente negativas hacia nuestra tierra diciendo que había comunidades más preparadas».

El jefe del Ejecutivo andaluz está convencido de que el Gobierno «va a tener que rectificar una vez más», ya que así se lo piden también comunidades gobernadas por el PSOE, y ha considerado que «las cosas no se pueden hacer desde la improvisación permanente».

Ha recordado que la Constitución reconoce la igualdad de derechos y obligaciones de los españoles y que hay sentencias del Tribunal Constitucional que aclaran que los servicios sociales son competencia exclusiva del estado, por lo que no puede haber privilegios en materia de gestión de unas comunidades sobre otras.

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