El presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos responde al abogado de la Memoria Histórica, Eduardo Ranz, en declaraciones a La Gaceta.
Los peritos del Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción, perteneciente al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), comenzaron este lunes los trabajos preliminares de exhumación en el Valle de los Caídos con la crítica del abogado de la Memoria Histórica Eduardo Ranz a Patrimonio por no permitir entrar a una comitiva de familiares al interior y presenciar los trabajos técnicos.
El presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos ha respondido a Ranz en declaraciones a La Gaceta y ha dicho que «no tienen que dejar pasar a familiares» para respetar las condiciones y ha vuelto a negar que se oponga a las exhumaciones de los hermanos Lapeña. «Nosotros no estamos en contra siempre y cuando no afecte a los restos de terceros», ha dicho, antes de manifestar su perplejidad por el tratamiento mediático del tema. «No hay exhumaciones, solo es un peritaje».
«Se trata de un mero peritaje para catar el interior de las galerías, pero dista mucho de las exhumaciones», ha dicho el director de la Hospedería Santa Cruz, Alex Navajas, en declaraciones a La Gaceta, antes de asegurar que el estado de los féretros «no es malo».
Ha recordado que el Valle de los Caídos es un lugar de «reconciliación», a pesar de que muchos intentan «distorsionar» el significado original, en el que «se reza diariamente a más de 33.700 enterrados de ambos bandos y se pide por la paz y la unidad de España» y hay 50 mártires de la Iglesia Católica, por lo que también es un lugar de peregrinación. «Los más de 300.000 visitantes anuales avalan el carácter reconciliador del Valle», ha añadido.
Cabe señalar que el pleno del Senado debate esta semana una moción con la que el PSOE pide al Gobierno “resignificar” el Valle de los Caídos para convertirlo en un centro “para la memoria de todas las víctimas” y le insta a aplicar la Ley de Memoria Histórica mediante fondos para localizar fosas de víctimas de la Guerra Civil.
La moción es consecuencia de una reciente interpelación que el socialista Francesc Antich dirigió al Ejecutivo, al que acusó de no hacer “absolutamente nada” para buscar fosas comunes y facilitar las exhumaciones y la identificación de las víctimas del franquismo.
Los socialistas aprovechan su iniciativa para insistir en una propuesta que ya hizo el PSOE pendiente de debate en la Comisión Constitucional: La evaluación por parte de la Abogacía del Estado si la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) cumple con los preceptos constitucionales de cara a su posible ilegalización. De hecho, en la moción que votará el Senado proponen cambiar la legislación “para asegurar, sin posibilidad de interpretaciones, la declaración de ilicitud de las asociaciones o fundaciones que, con la justificación de fines sociales, realizan actos de exaltación franquista.
