La consejera de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, presentó la pasada semana, en la sesión plenaria de las Cortes el «Plan de Concordia» con el objetivo de «proteger la dignidad de todas las víctimas» y tildó de «sectaria» la Ley de Memoria Democrática de Aragón, que se derogará a iniciativa de PP y VOX, señalando que «ninguna institución tiene el monopolio de la interpretación de la historia» y que «un Parlamento no puede legislar sobre el pasado».
Asimismo, el vicepresidente, Alejandro Nolasco (VOX), afirmó que la derogación de esta ley, «sectaria y sesgada», es «un hito más hacia la libertad de expresión en Aragón» y enumeró distintas cuestiones que ha defendido VOX hasta lograr poner en funcionamiento los trámites para que deje de estar vigente.
«Es una ley totalitaria que impone un deber de opinión (…) sobre un determinado periodo de la historia de España. Conculca la libertad de pensamiento, de conciencia, de expresión y de cátedra», añade. «La memoria es subjetiva y personal; la historia es objetiva (…), y se basa en los hechos del pasado«, manifestó.
Asimismo, reiteró que convierte a auténticos asesinos del terror del Frente Popular en víctimas. «El asesino pasa a ser una víctima». Y [la norma] proclama como objetivo construir una «genealogía democrática» y «crea todo un artefacto administrativo para velar por su verdad histórica y para perseguir a los discrepantes o disidentes».
