Nueva estafa del PP de Extremadura liderado por María Guardiola. Así califican varios críticos la última partida de cooperación internacional aprobada por la Junta extremeña, que ha destinado 425.000 euros a un proyecto en El Salvador bajo el título «Derecho Humano al Agua con enfoque de género» impulsado por la organización Paz con Dignidad en la comunidad de San Antonio, Comasagua.
Según la información recogida en la propia relación de ayudas públicas, el programa pretende garantizar el acceso al agua potable mediante actuaciones comunitarias que incluyen infraestructuras básicas, formación local y medidas orientadas a la igualdad entre hombres y mujeres en la gestión de recursos hídricos. La subvención, identificada con el código 23PC016, forma parte de las políticas de cooperación exterior financiadas por la Comunidad Autónoma.
El Ejecutivo regional defiende que este tipo de iniciativas buscan «mejorar las condiciones de vida en zonas vulnerables y reforzar el papel de las mujeres en la toma de decisiones sobre recursos esenciales como el agua». Sin embargo, sectores críticos consideran que se trata de un gasto difícil de justificar en un contexto de necesidades internas en Extremadura y cuestionan el destino de fondos públicos fuera de España.
El concepto de «enfoque de género», incluido en la denominación del proyecto, hace referencia a la participación equitativa de mujeres y hombres en la planificación, mantenimiento y gestión de sistemas de abastecimiento. Para sus promotores, esta perspectiva permite reducir desigualdades sociales y mejorar la sostenibilidad de las infraestructuras, mientras que sus detractores lo ven como un elemento ideológico añadido a programas de cooperación.
La concesión de la ayuda ha reabierto el debate político sobre las prioridades presupuestarias de la Junta. Mientras el Gobierno autonómico insiste en que la cooperación internacional es una obligación institucional alineada con compromisos globales, voces críticas denuncian que estas partidas suponen desviar recursos que, a su juicio, deberían destinarse a servicios públicos dentro de la región.
