Nueva ofensiva del separatismo catalán contra el español. Activistas de la autodenominada «ONG del catalán», Plataforma per la Llengua, en colaboración con la Asamblea Nacional Catalana (ANC), han lanzado una campaña de intimidación en Granollers (Barcelona), donde han «inspeccionado» 129 comercios para verificar si utilizan el catalán en su atención al cliente.
Los 18 activistas que participaron en esta campaña recorrieron los establecimientos repartiendo panfletos bajo el lema «El catalán es negocio», pero también advirtiendo de las sanciones que podrían recibir si no priorizan el uso del catalán. Según han declarado a medios locales, su objetivo es denunciar a los negocios que no se plieguen a sus exigencias lingüísticas.
La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia promovida por la Fundación Vincle, controlada por el mismo presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder. Vincle promueve la «cohesión lingüística» entre inmigrantes y empresas, y desde hace años recibe millonarias subvenciones públicas para financiar estas campañas de control ideológico. Desde 2018, la «ONG del catalán» ha recibido más de 3,5 millones de euros en ayudas públicas. Solo en mayo de 2025, registraron 463 denuncias contra comercios por no usar el catalán en su rotulación.
Esta vigilancia lingüística se enmarca en una Cataluña cada vez más controlada por redes identitarias, que no dudan en recurrir a la amenaza y la coacción para imponer una sola lengua en el espacio público.
