La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido este jueves a la sede de Tubos Reunidos en Bilbao y también a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en Madrid, para recabar documentación dentro de una pieza que permanece secreta y que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Las diligencias se enmarcan en la investigación sobre una presunta red que habría intentado obstaculizar actuaciones judiciales o policiales que afectaban al PSOE y al Gobierno. Según fuentes jurídicas, esa supuesta trama estaría encabezada por el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y coordinada por Leire Díez.
Aunque Pedraz levantó hace unos días parte del secreto de sumario, el magistrado mantuvo reservada una pieza separada. Es precisamente dentro de esa rama de la investigación donde los agentes de la UCO están llevando a cabo las actuaciones de este jueves.
Tubos Reunidos figura mencionada en distintos puntos del sumario del llamado caso Leire Díez. Uno de los elementos que examinan los investigadores es el préstamo de 112,8 millones de euros concedido por la SEPI a la compañía industrial.
En uno de sus atestados, la UCO apunta a indicios de que el grupo conocido como Hirurok, expresión que significa «nosotros tres» en euskera, habría realizado gestiones para favorecer la concesión de esa ayuda pública. Los investigadores sitúan dentro de ese supuesto grupo a Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso.
Según la Guardia Civil, esas actuaciones habrían permitido percibir 114.950 euros a través de la empresa Mediaciones Martínez. Los agentes creen que Díez y Fernández plantearon recurrir a Santos Cerdán y a Antxon Alonso, a quien los investigadores consideran socio del exdirigente socialista, para desbloquear la ayuda cuando esta se encontraba paralizada.
La UCO también sospecha que Hirurok pudo haber intermediado con algún miembro del Partido Nacionalista Vasco, una gestión que, según los investigadores, podría haber ayudado a que la operación saliera finalmente adelante.
El sumario recoge además una segunda línea de actuación, desarrollada entre 2024 y 2025, dirigida a lograr el aplazamiento de una amortización parcial de los intereses de la deuda. En esa operativa, según las pesquisas, también podría haber intervenido Santos Cerdán.
Dentro de esa parte de la investigación aparece una reunión celebrada el 13 de noviembre de 2024 en la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. A ese encuentro habrían asistido Cerdán, Leire Díez y dos directivos de Tubos Reunidos, en el despacho que el entonces secretario de Organización socialista tenía en la sede del partido.
La referencia a ese encuentro también figura en una libreta azul intervenida a Leire Díez, donde aparece anotado «Reunión Tubos Reunidos». La UCO sostiene que, en relación con esa operativa, Vicente Fernández habría emitido una factura de 40.000 euros a la empresa.
Los investigadores señalan igualmente que Fernández habría seguido actuando de hecho como presidente de la SEPI durante un periodo en el que aún no se había nombrado a un nuevo responsable del organismo. La Guardia Civil afirma haber detectado su presencia en reuniones en representación de la entidad pública, así como acceso a información interna, toma de decisiones e impartición de instrucciones.
