El Gobierno de Sánchez ha reconocido que no pudo completar la sustitución de 886 parejas de dispositivos telemáticos de control de investigados por violencia de género y sexual porque sus usuarios figuraban como no localizados. El dato, avanzado por OkDiario, aparece en las alegaciones del Ministerio de Igualdad al informe del Tribunal de Cuentas sobre la contratación y supervisión de las conocidas como pulseras antimaltrato. A 16 de mayo de 2024, esos equipos representaban el 18,5% de los 4.775 que debían pasar al sistema de la nueva adjudicataria.
La fiscalización también señala dificultades para consultar los registros históricos entregados por la empresa que prestaba anteriormente el servicio. Estos problemas dejaron 123 requerimientos judiciales pendientes de respuesta y se prolongaron hasta octubre de 2024. Ese mes, coincidiendo con una petición de la Fiscalía, Igualdad emprendió actuaciones para coordinar una solución que permitiera atender las solicitudes.
El órgano fiscalizador vincula las deficiencias de continuidad del servicio con la falta de una planificación adecuada del relevo entre empresas. Los contratos de 2018 y 2021 no incluían un plan de transición, y el de 2023 tampoco lo contemplaba inicialmente. Para incorporarlo fue necesario aprobar una modificación contractual en julio de ese año. En conjunto, los contratos examinados sumaron 102,6 millones de euros, de los que 42,6 millones correspondían al de 2023, sufragado parcialmente con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Respecto a los dispositivos que quedaron sin sustituir, Igualdad sostiene que pertenecían a expedientes previamente clasificados como «llamada perdida/no localizados». La explicación recogida en el informe señala que los afectados habían manipulado los equipos hasta inutilizarlos o se habían desprendido de ellos, por lo que las autoridades policiales o judiciales debían encontrarlos. El ministerio subraya que estas situaciones eran anteriores a la entrada en vigor del nuevo contrato.
El departamento dirigido por Ana Redondo defiende que existe un procedimiento de respuesta para estos supuestos. Según sus alegaciones, cuando pasan 24 horas sin localizar al investigado, se informa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para activar su búsqueda. También describe avisos de seguimiento mensuales y, posteriormente, cada cuatro o seis meses a través de VioGén, con un refuerzo de las actuaciones en periodos considerados críticos.
Con estos argumentos, el ministerio rechaza que los 886 casos permitan concluir que el cambio de adjudicataria dejó desprotegidas a las víctimas. Atribuye la imposibilidad de renovar esos equipos a la falta de colaboración de sus usuarios y asegura que los protocolos de protección permanecían activos. El Tribunal de Cuentas, por su parte, recoge deficiencias tanto en la contratación como en el seguimiento del sistema y en la gestión del traspaso del servicio.
