La Policía Nacional ha desarticulado en Palma una organización criminal dedicada a empadronar ilegalmente a extranjeros mediante contratos falsos, en una operación que se ha saldado con ocho detenidos — varios de ellos de nacionalidad colombiana y ecuatoriana, según el Diario de Mallorca— y al menos 70 beneficiarios identificados.

La investigación, desarrollada por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, ha revelado una estructura estable que llevaba operando al menos tres años con un claro ánimo de lucro. El método era sistemático: la red elaboraba contratos de alquiler y documentos de arras falsificados, suplantando la identidad de propietarios reales para dar apariencia legal a los trámites.

Una vez generada la documentación, tramitaban empadronamientos ficticios a cambio de pagos de entre 250 y 300 euros por persona. Los investigadores detectaron además que el grupo seleccionaba oficinas con menores controles administrativos para facilitar la aprobación de las altas en el padrón.

Lejos de responder a una necesidad real de vivienda, el objetivo de estos empadronamientos era acceder a servicios públicos y beneficios administrativos, como la tarjeta sanitaria, la tarjeta ciudadana o la generación de antecedentes de residencia para futuros procesos de arraigo social.

La trama contaba con una estructura organizada, con reparto de funciones entre sus miembros, lo que permitió sostener la actividad de forma continuada durante años. En total, han sido detenidos cinco hombres y tres mujeres como presuntos autores de delitos de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a grupo criminal.

El caso vuelve a poner de relieve cómo el padrón municipal puede ser utilizado como puerta de acceso a derechos y servicios, convirtiéndose en objetivo de redes que buscan explotar las debilidades del sistema. Una práctica que las autoridades tratan de frenar ante su impacto en el control migratorio y en los recursos públicos.