Grupos de inmigrantes ilegales están acudiendo a diario a distintos gimnasios privados de la comunidad de Canarias gracias a que algunas ONG subvencionadas por el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo autonómico están costeando sus cuotas con dinero público. Así lo han confirmado varios testigos en Tenerife, donde uno de los centros deportivos más frecuentados por estos grupos es el Prolife Sport Center, cuyo abono mensual asciende a 40 euros (60 si incluyes cursos de boxeo).

Según ha podido comprobar este medio y ha adelantado @CanarioToday en la red social X, algunos de los propios inmigrantes se graban en vídeo mientras entrenan, documentando su presencia en las instalaciones. Ayer martes, testigos presenciales aseguraron que una veintena de ellos accedieron en grupo al gimnasio, práctica que —según relatan— se repite de forma habitual.

Las ONG responsables del acompañamiento y tutela de estos inmigrantes recién llegados estarían utilizando parte de las subvenciones estatales y autonómicas para costear estos gastos de ocio, en lugar de destinar íntegramente los fondos a su alimentación, formación o alojamiento, según apuntan fuentes consultadas en la isla.

El centro deportivo citado, el Prolife Sport Center, ofrece tarifas que oscilan entre los 5 euros por día y los 60 euros mensuales para quienes desean combinar musculación con boxeo. A pesar de tratarse de un servicio privado y de coste medio-alto, los inmigrantes en situación ilegal están accediendo de forma regular gracias a la mediación de estas organizaciones financiadas con fondos públicos.

Este caso ha despertado la indignación de numerosos ciudadanos canarios, que denuncian una doble vara de medir por parte de las administraciones. «Mientras muchas familias locales no pueden permitirse pagar un gimnasio, ellos lo tienen cubierto con ayudas oficiales», lamenta uno de los abonados al centro.

Por su parte, las autoridades aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre si se está realizando un control riguroso de los fondos asignados a las ONG que operan en materia migratoria en Canarias. La situación ha reabierto el debate sobre el uso de subvenciones públicas y el criterio con el que se gestionan los recursos destinados a la atención de inmigrantes ilegales recién llegadas.