La tragedia ferroviaria de Urda ha provocado que las compañías y los profesionales del sector reclamen cambios urgentes en los protocolos de seguridad para evitar que se repita un accidente como el del pasado miércoles, que dejó 69 muertos. Tanto el operador italiano Iryo como los maquinistas agrupados en el sindicato Semaf consideran necesario endurecer las condiciones de circulación cuando se producen fallos en los sistemas de señalización y comunicación de los trenes, según adelanta El Mundo.

La propuesta de Iryo, que ya ha trasladado a los representantes de los maquinistas y pretende hacer llegar también a Ouigo, plantea limitar a 40 kilómetros por hora la velocidad de circulación cuando se produzca una desconexión del sistema LZB y los convoyes tengan que recurrir al sistema alternativo ASFA.

La iniciativa pretende impedir que, después de una caída del sistema y de un posterior reseteo del equipo, los centros de control puedan autorizar directamente la reanudación de la marcha a velocidad normal. En su lugar, los conductores tendrían que circular obligatoriamente con el procedimiento de marcha a la vista, que permite detener el tren en una distancia reducida y obliga a extremar las precauciones hasta alcanzar una señal que confirme las condiciones de seguridad.

La medida responde directamente a lo ocurrido en Urda. El pasado miércoles, un fallo del sistema LZB dejó detenidos seis trenes en un tramo de 69 kilómetros de la línea Madrid-Sevilla. Desde el Centro de Regulación y Control (CRC) de Atocha se ordenó al maquinista del AVE 2080, de Siemens, reiniciar el sistema y reanudar la circulación con normalidad.

Sin embargo, a unos 25 kilómetros por delante, el Iryo 6076 permanecía detenido con 147 pasajeros a bordo y sin posibilidad de arrancar. El AVE continuó circulando a una velocidad cercana a los 200 kilómetros por hora y, 17 minutos después, embistió al convoy italiano a unos 160 kilómetros por hora en el punto kilométrico 117,8.

Otro tren de Iryo que circulaba en sentido contrario recibió inicialmente una instrucción similar para reanudar la marcha normal. En este caso, su maquinista solicitó confirmación y el centro de control corrigió la orden para establecer una velocidad de 40 kilómetros por hora.

La compañía italiana considera que el apagón registrado fue excepcional por su extensión y duración, pero sostiene que resulta necesario modificar la normativa para evitar riesgos cuando se producen situaciones degradadas. Aunque la reducción de velocidad podría repercutir en los tiempos de viaje, defiende que la prioridad debe ser garantizar la seguridad de los pasajeros hasta que los sistemas tecnológicos permitan recuperar las condiciones habituales de circulación.

El debate también afecta al mantenimiento de la infraestructura. Durante su comparecencia para explicar el accidente, el ministro de Transportes, Óscar Puente, reconoció que el sistema LZB se había desconectado en 170 ocasiones durante este año en la línea Madrid-Sevilla, aunque calificó esa frecuencia de incidencias como algo que entra dentro de la normalidad.

Por su parte, Semaf confirmó que ha recibido la propuesta de Iryo y manifestó su disposición a estudiar todas las medidas que incrementen la seguridad ferroviaria. El sindicato trabaja también en un conjunto de iniciativas propias, algunas de las cuales ya han sido trasladadas a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF).

Entre sus principales reclamaciones figura prohibir la marcha normal después de un reseteo, de manera que los trenes deban circular a la vista hasta recibir garantías suficientes para recuperar la velocidad ordinaria. Asimismo, solicitan que los responsables de los centros de regulación comprueben obligatoriamente que el recorrido hasta la siguiente señal está libre de otros convoyes antes de autorizar cualquier movimiento.

Los maquinistas advierten además de que los riesgos no se limitan al sistema LZB. También pueden producirse situaciones similares cuando los trenes circulan bajo el sistema ERTMS, destinado a sustituirlo en la línea Madrid-Sevilla. La AESF, organismo encargado de supervisar la seguridad ferroviaria y modificar el Reglamento de Circulación Ferroviaria, tendrá que valorar las propuestas para endurecer los protocolos.