La investigación judicial sobre el accidente ferroviario de Adamuz entra en una fase crítica después de que la jueza instructora haya confirmado que las diligencias continúan abiertas por presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes. Cinco meses después del siniestro, que dejó 46 fallecidos y más de 120 heridos, el procedimiento avanza hacia una etapa decisiva centrada en esclarecer las causas del descarrilamiento, según avanza Esdiario.
La magistrada ha rechazado la recusación planteada contra dos de los tres peritos designados por el juzgado, despejando uno de los principales obstáculos que amenazaban con retrasar la instrucción. Con esta decisión, los expertos podrán continuar elaborando los informes técnicos que deberán determinar el origen de la fractura del carril y el resto de circunstancias que desembocaron en el accidente.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha recordado que el procedimiento sigue tramitándose bajo la calificación provisional de presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes, una tipificación que podrá modificarse o mantenerse en función del resultado de la investigación. Según fuentes jurídicas conocedoras del caso, la instrucción se encuentra muy avanzada y podría registrar novedades relevantes a partir del próximo mes de octubre.
Los peritos disponen de un plazo máximo de nueve meses para presentar un dictamen exhaustivo, para cuya elaboración contarán con el apoyo de laboratorios especializados. Ese calendario sitúa la investigación, al menos, hasta bien entrado 2027, aunque no se descarta que puedan acordarse nuevas diligencias si aparecen elementos adicionales durante el procedimiento. De acuerdo con las mismas fuentes, la instructora pretende evitar demoras innecesarias con el objetivo de no prolongar el proceso más de lo imprescindible para las familias de las víctimas.
La jueza también ha decidido no incorporar por ahora a la causa las actuaciones del servicio de emergencias 112 al considerar que la prioridad continúa siendo determinar las causas del accidente y analizar la actuación de quienes intervinieron en la infraestructura ferroviaria y su mantenimiento. El foco del procedimiento permanece, por tanto, en los aspectos técnicos del siniestro.
Aunque la investigación no atribuye en este momento responsabilidad penal a ninguna persona concreta, la continuidad de las diligencias mantiene la atención sobre los organismos responsables de la infraestructura ferroviaria y sobre la gestión del accidente. Mientras las asociaciones de víctimas han reclamado responsabilidades políticas desde el primer momento, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido la actuación de su departamento y ha rechazado que existan motivos para presentar su dimisión.