La licitación de obra pública aumentó un 14,2% durante los primeros seis meses del año, hasta alcanzar los 17.953 millones de euros. El crecimiento, sin embargo, no responde al impulso del Gobierno, sino a las entidades locales, que elevaron un 50% sus actuaciones y movilizaron 8.400 millones.

Los datos de la Asociación de Empresas Concesionarias y Constructoras de Infraestructuras (Seopan) reflejan una evolución muy desigual entre administraciones. Las comunidades autónomas redujeron un 16,3% su licitación, hasta los 4.200 millones, mientras que el Estado la incrementó un 5,1%, hasta los 5.300 millones.

Tras esa subida global se esconden fuertes recortes en algunas de las infraestructuras más deterioradas del país. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente, redujo un 2,3% el volumen licitado, hasta los 2.995 millones, pese a los constantes problemas de la red ferroviaria y al deterioro de las carreteras.

La Dirección General de Carreteras protagonizó la mayor caída. Su inversión se desplomó un 97% y quedó limitada a seis millones de euros, la cifra más baja de los últimos ocho años. El recorte llega cuando los expertos sitúan el estado de conservación de la red viaria en su peor nivel desde la década de 1980.

Transportes continuó siendo el departamento con mayor volumen de licitación y concentró el 16,7% del total de todas las administraciones. Adif volvió a ser su principal organismo inversor, aunque redujo cerca de un 21% sus licitaciones, hasta rondar los 1.800 millones de euros.

Los puertos mantuvieron su inversión en torno a los 291 millones, mientras Aena la elevó un 219%, hasta alcanzar los 512 millones.

El Ministerio de Transportes anunció este lunes que el Consejo Rector de Puertos del Estado ha aprobado los presupuestos del sistema portuario estatal para 2027. Las cuentas incluyen inversiones públicas por 1.567 millones de euros.

La principal partida, dotada con 913,8 millones, se destinará a infraestructuras e instalaciones para ampliar la capacidad portuaria. Otros 321,8 millones irán dirigidos a actuaciones de sostenibilidad, entre ellas las conexiones eléctricas en los muelles para suministrar energía a los buques atracados, financiadas en buena medida con fondos europeos.

Transición Ecológica reduce un 24% su inversión

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico también recortó su capacidad inversora. El departamento encabezado por Sara Aagesen redujo un 24% su licitación, hasta los 319 millones de euros.

La caída se produce después del gran apagón y de dos interrupciones consecutivas del suministro a la gran industria para preservar la estabilidad del sistema eléctrico.

Los datos también muestran la ausencia de inversión en obras hidráulicas. La Dirección General del Agua no ha licitado ningún proyecto durante el primer semestre, frente a los 11 millones de euros del mismo periodo del año anterior. Las sociedades estatales de agua, por el contrario, elevaron un 78% su licitación.

La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar redujo sus actuaciones un 84%, mientras que las confederaciones hidrográficas aplicaron un recorte del 29%. Las caídas coinciden con las reiteradas advertencias sobre la falta de mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas y con el recuerdo de las consecuencias de la dana.

El País Vasco encabeza los recortes autonómicos

Las comunidades autónomas redujeron en conjunto un 16,3% su licitación. El País Vasco registró el mayor descenso, con una caída del 56% y 262 millones de euros movilizados durante el primer semestre.

A continuación aparecen Madrid, con un retroceso del 54% y 395 millones; Cantabria, con un 35,4% menos y 32 millones; Extremadura, con una caída del 34,4% y 82 millones; y la Comunidad Valenciana, con un descenso del 32% y 291 millones.

También redujeron sus licitaciones Andalucía, un 30,2%, hasta los 697 millones; Navarra, un 29%, hasta los 102 millones; Asturias, un 25%, hasta los 114 millones; y Castilla y León, un 5,5%, hasta los 368 millones.

En el extremo contrario, Castilla-La Mancha lideró las subidas con un incremento del 164%, hasta los 158 millones. La siguieron La Rioja, con un 74% más; Galicia, con un 71%; Canarias, con un 67%; Aragón, con un 16%; Cataluña, con un 15%; Murcia, con un 5,6%; y Baleares, con un 5,4%.