La seguridad en las instalaciones militares españolas y el Ministerio de Defensa se ha visto envuelta en una grave controversia después de que se revelara un fallo de protección de datos de proporciones mayúsculas. La Unión de Militares de Tropa (UMT) ha hecho público un informe detallado sobre la instalación irregular de módulos de pago con tarjeta en máquinas expendedoras (conocidas como de vending) ubicadas en el interior de diversos acuartelamientos.

Estos dispositivos incorporaban cámaras de vídeo y micrófonos con capacidad para captar imagen y sonido de forma continuada, operando sin cartelería informativa, sin el consentimiento de los usuarios y al margen de los controles legales preceptivos, según informa hoy Moncloa.com.

El descubrimiento inicial no provino de los protocolos internos de control de calidad o de auditorías tecnológicas del Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles, sino de la agudeza y la preocupación de los propios socios y militares destinados en el ámbito de la Subinspección General del Ejército Sur. Al percatarse de la presencia de las lentes en las expendedoras, la primera reacción sobre el terreno fue improvisada pero elocuente: cubrir los objetivos de las cámaras con cinta adhesiva, aunque los micrófonos continuaron operativos durante semanas.

Este incidente pone de relieve la vulnerabilidad a la que se enfrentan a diario los miembros de las Fuerzas Armadas españolas en espacios que deberían contar con los máximos estándares de confidencialidad y contrainteligencia.