El 5 de septiembre de 2023, en Navarra, UPN presentó ante la Guardia Civil una denuncia por supuestas irregularidades en la licitación de las obras de los túneles de Belate, señalando que la adjudicación favorecía a la UTE formada por Acciona y Servinabar, esta última participada al 45% por Santos Cerdán. Tres meses más tarde, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez lo elevó a secretario de Organización del PSOE, su número tres, pese a que la denuncia ya estaba en manos de los investigadores.

El ascenso se produjo en el congreso socialista celebrado en Sevilla, en un momento en el que José Luis Ábalos y Koldo García –ahora en prisión– estaban imputados por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. Los tres formaban parte del círculo más próximo al presidente.

Aunque Cerdán no afrontaba acusaciones públicas, en el partido se comentaban sus vínculos con Ábalos y su asesor. Aun así, la vicepresidenta María Jesús Montero lo ensalzó en Sevilla como «uno de los mejores secretarios de Organización de la historia del partido» y como un dirigente «comprometido con la izquierda».

Durante aquel cónclave, Cerdán denunció una «cacería humana» contra el presidente y el PSOE, que atribuyó a los medios y a instancias judiciales. Habló de «fango, ruido y bilis» con el objetivo de desestabilizar al Gobierno, citando los casos que salpicaban a la familia de Sánchez, incluida Begoña Gómez.

Mientras tanto, la presunta trama de obra pública vinculada a Cerdán intentaba asegurar uno de sus mayores contratos: Belate. La denuncia de UPN describía anomalías graves, como la continuidad de Jesús Polo al frente de la Mesa de Contratación, pese a que debía estar jubilado. La UCO apuntó que su voto habría sido determinante para adjudicar la licitación a la UTE de Acciona, Fermín Osés y Servinabar.

La adjudicación se formalizó en enero de 2024 por unos 76 millones de euros, tras un proceso marcado por tensiones internas: tres de los ocho miembros de la Mesa discreparon del resultado. El secretario del órgano, Lorenzo Serena, dejó constancia escrita de que el procedimiento «ha quedado viciado».

Aún más revelador fue lo ocurrido el 14 de junio de 2023, cuando en una reunión de la Mesa se comunicó que empleados del departamento habían difundido comentarios –incluso fuera de la Administración– anticipando la puntuación técnica antes de hacerse pública. La UTE beneficiada obtuvo una puntuación extraordinariamente alta, 46,22 sobre 50.

A pesar de las advertencias, el Gobierno navarro continuó adelante. La responsabilidad recaía en el departamento de Cohesión Territorial, dirigido por Óscar Chivite, tío de la presidenta.
El Ministerio de Transportes inyectó 40 millones a dedo para financiar el proyecto. Tras negar irregularidades, la presidenta María Chivite terminó cesando al director general de Obras Públicas por el sobrecoste del proyecto.