Pedro Sánchez medita presentar a Begoña Gómez en las listas del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre, según publica Vozpópuli citando fuentes socialistas. La incorporación de su esposa permitiría al presidente reforzar el carácter plebiscitario que pretende dar a la convocatoria y situar en el centro de la campaña su denuncia de una supuesta persecución judicial. De acuerdo con esa información, Gómez afronta un juicio con jurado popular tras haber sido procesada por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
Las fuentes consultadas por el diario encuadran esta posibilidad en una estrategia destinada a presentar a la mujer del presidente como víctima de una actuación política de los jueces contra el Gobierno. Su eventual candidatura también podría cubrir parte del espacio que en anteriores campañas ocupó José Luis Rodríguez Zapatero. Según Vozpópuli, Moncloa ha limitado las expectativas de protagonismo del expresidente, pese a su disposición a participar, por su situación como investigado en la Audiencia Nacional. La entrada de Gómez en las listas permanece, por ahora, como una opción atribuida al entorno socialista, sin que el texto citado recoja una decisión formal.
Aunque Ferraz se encargará de elaborar las candidaturas, el diseño de la campaña estará bajo la supervisión de Sánchez y su equipo de Moncloa. María Jesús Montero, Rebeca Torró y Cristina Narbona figuran al frente de la estrategia electoral, pero el periódico atribuye la dirección efectiva al ministro Óscar López y al círculo más próximo al presidente. Félix Bolaños asumiría el trabajo jurídico, después de los recursos y enfrentamientos con el juez Juan Carlos Peinado durante la instrucción de la causa contra Gómez.
La eventual obtención de un escaño abriría, además, un debate sobre las consecuencias de su aforamiento para el procedimiento judicial. Las fuentes jurídicas consideran que podría provocar retrasos, aunque advierten de que un posible traslado al Tribunal Supremo no tendría por qué favorecer a la esposa del presidente. Como precedente, el diario recuerda el caso de Miguel Ángel Gallardo: el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura rechazó asumir la causa por la contratación de David Sánchez al considerar fraudulento el aforamiento del entonces dirigente socialista. Según la misma información, Gallardo fue condenado a 18 años de inhabilitación y ha recurrido la sentencia.
La hipótesis de incorporar a Gómez se suma a los otros asuntos con los que Sánchez pretende movilizar a su electorado: la vivienda, las pensiones y el rechazo a posibles recortes sociales. El diario sostiene que el presidente ya contemplaba anticipar las elecciones antes de que Junts tumbara los dos decretos de vivienda. Tras aquella derrota parlamentaria, la recuperación de esas medidas y el discurso contra el supuesto lawfare se perfilan como argumentos centrales de una campaña en la que las investigaciones judiciales seguirán presentes.
