Para el alemán Max Weber, padre de la sociología y filósofo de cabecera para miles de estudiantes de Derecho y Políticas, la legitimidad es la capacidad para conseguir que la dominación en el ejercicio del poder sea aceptada por la mayoría, y no impuesta por la fuerza. Weber distinguía hasta tres tipos de legitimidad política: la tradicional, la carismática y la legal-racional. En su opinión, lo de menos es que dicha legitimidad sea real o no; lo importante es que los gobernados la perciban como auténtica y confíen en el sistema.

Pedro Sánchez destroza la teoría política de Weber, y en realidad, todas las teorías sobre la legitimidad política. Para empezar, su llegada al poder se produjo después de una monumental estafa y de un engaño masivo a su electorado. Los días 19 y 20 de septiembre de 2019, en sendas entrevistas realizadas en TVE y La Sexta de cara a las elecciones del 10 de noviembre de ese año, Sánchez aseguró textualmente que «no dormiría tranquilo» si tuviera ministros de Unidas Podemos en su Ejecutivo, y añadió que «tampoco los españoles dormirían tranquilos». En particular, sobre el entonces líder de la coalición comunista, Pablo Iglesias, Sánchez aseguró que su inclusión en el Gobierno era “el principal escollo” al que se enfrentaba, ya que necesitaba un vicepresidente «que defendiera la democracia española».

Tras esas palabras, solamente 48 horas después de celebrarse las elecciones, el 12 de noviembre, Sánchez e Iglesias anunciaban públicamente un acuerdo de Gobierno, lo que se concretaría en enero de 2020. ¿Es legítimo hacer una promesa en plena campaña electoral, e incumplirla casi inmediatamente después de celebrarse los comicios, en un asunto que afecta nada menos que a la formación e identidad ideológica de un Gobierno? No lo parece.

Algo similar ocurrió en lo relativo al proceso separatista-golpista en Cataluña. Sánchez, necesitado del apoyo parlamentario de Junts y ERC tras su pobre resultado electoral de julio de 2023, no dudó en dar marcha atrás a lo que venía siendo una oposición sistemática tanto a la celebración de un referéndum de independencia en Cataluña, como a la concesión de una amnistía a los presos del 1-O. Para ello, no dudó en retorcer la Constitución Española aprobando primero unos indultos parciales, y posteriormente una ley de amnistía claramente contraria a la Carta Magna. ¿Es legítimo vulnerar la letra y el espíritu de una Constitución para recibir un apoyo parlamentario con el que poder gobernar al conjunto de una nación? Parece muy discutible.

Santiago Abascal, presidente de VOX, ha sido el único dirigente político que se ha atrevido a calificar los gobiernos de Pedro Sánchez como «ilegítimos» en sede parlamentaria. Tanto el 7 de enero como posteriormente en octubre de 2020, Abascal aseguró que el Ejecutivo socialista era ilegítimo porque estaba basado “en un engaño” (el de rechazar la entrada de Podemos para después aceptarla).

Tres años más tarde, en febrero de 2023, durante su intervención parlamentaria con motivo de la moción de censura presentada por VOX, con Ramón Tamames de candidato, Abascal volvió a reiterar idéntico argumento: dijo que el Gobierno de Sánchez era «ilegítimo, porque desde el momento mismo de su formación se basó en el engaño».

Durante la sesión parlamentaria en la que fue aprobada la ley de amnistía a favor de los presos golpistas del 1-O en Cataluña, en la primavera de 2024, Abascal afirmó que se trataba “de un colosal acto de corrupción” y “el atentado más grave contra los españoles honrados desde 1978”. Añadió que la nueva ley no era legítima, ya que constituía un acuerdo para «comprar votos» a cambio de impunidad para los golpistas. Recordó que el Congreso «no puede actuar como poder constituyente» para cambiar el sistema por la vía de una ley ordinaria.

A poco que se reflexione sobre el asunto y sobre las palabras de Abascal, tanto el engaño masivo al electorado por parte de Sánchez sobre la constitución de su primer Gobierno de coalición como la aprobación en el Parlamento de una ley de amnistía hecha con el único fin de obtener apoyo parlamentario de los beneficiarios de dicha ley son actos sin precedentes en la historia de España, y que no tienen parangón en ningún otro país europeo.

La prensa internacional: España, camino del autoritarismo

Como ha publicado La Gaceta recientemente, son varios los medios extranjeros que han detectado el deterioro progresivo de las instituciones españolas como consecuencia de la deriva autoritaria y narcisista de Sánchez y sus ministros. En el caso de The Economist, España fue degradada en 2021 al grupo de «democracias defectuosas». Aunque recuperó algo de puntuación tras la pandemia, todavía se mantiene por debajo de los niveles registrados antes de 2019.

El informe de Freedom House correspondiente a 2026 mantiene a España como país “libre” con una puntuación de 91, un punto más que el año anterior pero cuatro menos que en 2018. Este organismo señala una pérdida en derechos políticos y libertades civiles, y advierte de “preocupante” la corrupción política. También alerta de que la legislación reciente puede suponer “una amenaza para libertades como la de expresión y reunión”, y subraya el desafío que el independentismo catalán plantea al sistema constitucional.

Por su parte, el Instituto V-Dem, con sede en la Universidad de Gotemburgo, mantiene a España dentro del grupo de democracias liberales, pero constata un retroceso de 0,07 puntos en su índice. El organismo considera que el deterioro “no puede atribuirse a una mera variación estadística”, y sí aprecia un “riesgo real” en la evolución reciente.

El Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla como tentación totalitaria

Curiosamente, quizá por contaminación en la convivencia política con Podemos, o simplemente por la deriva autocrática y narcisista de Sánchez, el Gobierno del PSOE ha estrechado cada vez más sus lazos con los gobiernos más déspotas y antidemocráticos de la Iberosfera, casi todos en la órbita del Foro de São Paulo y del Grupo de Puebla.

Como dice la Carta de Madrid, de la Fundación Disenso, «una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico y terceros países. Todos ellos, bajo el paraguas de Cuba e iniciativas como el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla, que se infiltran en los centros de poder para imponer su agenda ideológica». Una agenda compartida, potenciada y apoyada en las instituciones europeas por el PSOE de Pedro Sánchez.

No en vano, el inquilino de La Moncloa, que ha sido aplaudido por los terroristas de Hamás y por el régimen de los ayatolás, ha respaldado públicamente a todos los dirigentes políticos de las naciones que de una manera más descarada han laminado los derechos democráticos de los países de la Iberosfera. No sólo eso. Los europarlamentarios socialistas, con directrices concretas desde Moncloa, han votado a favor de las subvenciones millonarias que la Comisión Europea viene concediendo a los gobiernos de naciones con gobiernos autoritarios comunistas. De hecho, el director de la Fundación Disenso ha denunciado que la Comisión Europea, durante la legislatura pasada, dio 500 millones de euros al régimen de Maduro en Venezuela, 100 millones de euros al tirano Díaz Canel en Cuba, y 90 millones al sanguinario Daniel Ortega en Nicaragua.

No es el único dato estremecedor: el eurodiputado de VOX Jorge Martín Frías aseguró que al régimen de Maduro se le han destinado, desde las instituciones europeas, más de 500 millones de euros desde 2016, mientras que el régimen castrista de Cuba ha recibido 125 millones de euros en los últimos doce años. La ideología que ha venido sosteniendo a estos regímenes es la misma que defiende Pedro Sánchez en España.