
El juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso que investiga a Begoña Gómez, ha dado un nuevo paso significativo en la causa al requerir al Gobierno que aclare si la esposa del presidente Pedro Sánchez dispone o ha dispuesto de una dirección de correo electrónico oficial vinculada a La Moncloa.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, Peinado acepta la solicitud de las acusaciones populares para determinar si existe un correo electrónico bajo el dominio institucional @presidencia.gob.es gestionado por la investigada. En concreto, el juez solicita que se confirme si existe o existió la dirección bgomez@presidencia.gob.es.
El magistrado considera que conocer la existencia de esa dirección resulta “útil y pertinente” para aclarar si Gómez utilizó medios oficiales para comunicarse con empresas que colaboraron con la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que dirigió y luego codirigió. La vía del correo electrónico abre la puerta a nuevas diligencias sobre el uso de recursos públicos en beneficio de iniciativas privadas vinculadas a Gómez.
En paralelo, este miércoles se ha producido otra confirmación relevante. La empresa Arsys Internet ha informado al juzgado que el dominio transformatsc.org, asociado a la herramienta digital desarrollada en el marco de la cátedra investigada, fue contratado y gestionado a nombre de Begoña Gómez.
Según el escrito, el servicio fue dado de alta en septiembre de 2022 con una cuenta de correo profesional, sin alojamiento web. La contratación inicial la realizó Blanca de Juan, coordinadora de la cátedra, pero más adelante la gestión fue transferida a Gómez, quedando ella como responsable del dominio hasta su baja definitiva. El dato refuerza la hipótesis de que la esposa del presidente controló directamente la infraestructura digital del proyecto financiado por la universidad.
El auto también resuelve la petición para citar como testigo al empresario Víctor de Aldama, relacionado con varias causas judiciales. Peinado la rechaza por no existir, a su juicio, hechos nuevos relacionados con el rescate de Air Europa que justifiquen su comparecencia.
El juez, no obstante, deja abierta la puerta a que Aldama declare de forma voluntaria ante la Audiencia Nacional, donde está imputado en el caso hidrocarburos, o ante notario, en cuyo caso podría trasladarse su testimonio al juzgado de Plaza de Castilla si el contenido lo justificase.
Con estas nuevas diligencias, el instructor avanza en varias líneas clave: el control de herramientas digitales pagadas con fondos públicos, el uso de canales oficiales de Presidencia del Gobierno y la interlocución con empresas beneficiadas por adjudicaciones públicas. Todo ello suma indicios que apuntan al uso de su posición institucional para impulsar proyectos con proyección y posible beneficio personal.
El cerco judicial se estrecha y los movimientos del juez acercan el escenario de un eventual procesamiento formal. La estrategia de Pedro Sánchez para blindar a su entorno con ataques a jueces y medios parece cada vez menos eficaz ante el avance firme del procedimiento.