Un grupo de inmigrantes que forman parte de la banda latina de los Dominican Don’t Play (DDP) se enfrentan a una de las peticiones de condena más severas formuladas por la Fiscalía de Zaragoza en los últimos años. El Ministerio Público reclama un total de 115 años de cárcel para siete miembros de esta organización, acusados de haber participado en la violación múltiple de una joven de 20 años, a la que retuvieron y agredieron sexualmente durante dos días consecutivos en junio de 2020.
El caso, de extrema gravedad, no salió a la luz hasta un año más tarde, cuando agentes de la Brigada de Información registraron un piso en el barrio de San José, dentro de una operación policial contra la citada banda. Allí, en el domicilio de la calle Antonio Maura, localizaron varios dispositivos electrónicos en los que hallaron 16 grabaciones que documentaban los abusos cometidos. Las imágenes, cuya crudeza llevó a los investigadores a activar de inmediato los protocolos de protección, desencadenaron la apertura de una causa penal independiente.
Los acusados —Enock A. M., Jesús P. E., Juan Estibel F. C., Miguel Santiago L. V., Mustapha K. A., Pablo Andrés S. M. y Steven Guarionex V. M.— están imputados por un delito continuado de agresión sexual y otro de lesiones. La Fiscalía solicita para cada uno de ellos 15 años de prisión por la violación y un año y medio más por las lesiones físicas infligidas a la víctima. Además, propone medidas complementarias como la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la joven durante 16 años, libertad vigilada por ocho años una vez cumplida la condena, y una indemnización conjunta de 50.000 euros.
La víctima, que no presentó denuncia inicialmente por temor a represalias, sufrió un brote psicótico en el momento de ser liberada. Según el escrito de acusación, fue obligada a mantener relaciones sexuales reiteradas con los siete procesados, quienes se iban «relevando» entre sí mientras la grababan y profirieron expresiones vejatorias que la Fiscalía ha omitido en su relato por respeto a la dignidad de la afectada.
El procedimiento judicial está a cargo del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, el mismo que lideró la llamada ‘Operación Sanjo’, desplegada entre marzo y mayo de 2021, cuando la Policía Nacional detuvo a 24 presuntos miembros de los DDP, incluidos ocho menores de edad. Aquel macrojuicio concluyó con penas mucho más leves de lo previsto, gracias a un acuerdo que evitó la entrada en prisión de los implicados.
En esta ocasión, sin embargo, la acusación sostiene que el nivel de violencia ejercido, la duración del cautiverio y la existencia de material audiovisual probatorio hacen que no proceda una rebaja de condena. La letrada Marina Ons, entre otros abogados defensores, representa a algunos de los procesados, cuya situación judicial se complica ante la contundencia de las pruebas y la gravedad de los hechos imputados.
