Dos policías nacionales han revelado a LA GACETA que las estadísticas de criminalidad estarían siendo alteradas en Ceuta y en otros puntos de España mediante prácticas que permitirían reducir sobre el papel el número o la gravedad de determinados delitos. Los agentes, que han trasladado su testimonio a este periódico cuando se cumple aproximadamente un mes de la entrada masiva de inmigrantes ilegales registrada a finales de julio, aseguran haber tenido conocimiento directo de algunas de estas prácticas.

Según explican ambos policías, uno de los factores que favorecería esta situación sería el sistema de productividad ligado a determinadas oficinas encargadas de la criminalidad. De acuerdo con su versión, la existencia de mejores cifras delictivas puede repercutir favorablemente en la productividad, lo que generaría un incentivo para que las estadísticas reflejen una criminalidad inferior a la que realmente se estaría produciendo. Los agentes sostienen que esta dinámica no se limitaría a Ceuta, sino que también existiría en otros lugares de España.

Los dos funcionarios aseguran, además, que han detectado casos en los que determinados hechos no habrían quedado registrados con su verdadera naturaleza. Entre los ejemplos que trasladan a LA GACETA se encuentran robos con violencia que, según afirman, habrían terminado contabilizados simplemente como robos, rebajando de esta forma la gravedad del delito que posteriormente aparece reflejado en las estadísticas.

Más grave todavía es la acusación que realizan respecto a algunos delitos sexuales. Los policías sostienen que han podido comprobar casos de violaciones atribuidas a ciudadanos extranjeros en los que posteriormente figuraría un autor español a efectos estadísticos.

El testimonio llega además en un momento especialmente delicado para Ceuta. Según la información trasladada por estos policías nacionales, la ciudad ya habría superado la barrera de las 20 violaciones desde el comienzo de la invasión migratoria de finales de julio.

Ambos policías consideran que lo ocurrido pone en cuestión la capacidad de las estadísticas oficiales para ofrecer una fotografía completamente fiel de la delincuencia. Sus acusaciones apuntan tanto a la forma de clasificar determinados delitos como al registro de la nacionalidad de sus presuntos autores y al sistema de incentivos existente dentro de las estructuras policiales encargadas de elaborar los datos. Unas afirmaciones de enorme gravedad que, de confirmarse documentalmente, supondrían que parte de la criminalidad que conocen los ciudadanos a través de las cifras oficiales estaría apareciendo rebajada o incorrectamente clasificada.