«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Una de las principales doctrinas del pacto fue no incluir el grupo étnico ni el color de la piel

PP y PSOE pactaron ocultar la nacionalidad de los delincuentes en los medios de comunicación en 2003

Mariano Rajoy, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero

Durante décadas, los medios de comunicación han estado ocultando el origen de un perfil de delincuentes en España. Este hecho no es casual, sino que obedece a una estrategia de manipulación que pactaron el PP y el PSOE hace ya más de 20 años.

El 1 de octubre de 2003, se firmó un documento elaborado ese verano sobre el Tratamiento Informativo de la Inmigración en los Medios de Comunicación Audiovisual. Empezaría aplicándose en la televisión pública (RTVE), pero el objetivo era que fuese una hoja de ruta para el resto de medios privados pero dependientes de las subvenciones públicas. Una de las principales doctrinas de este pacto era no incluir el grupo étnico, el color de la piel, el país de origen, la religión o la cultura cuando ocurriesen sucesos trágicos.

Zapatero da un paso más

Años más tarde, con José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sacó la guía para todos los medios, en la que incluso instaban a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a seguir estas directrices. En ésta, también se empezaron a criticar conductas como la de hablar en masculino en referencia a una mayoría, ya que, según defendían, «invisibilizaba a las mujeres».

«1) Militancia periodística: hacia una multiculturalidad enriquecedora para todos. La potenciación de las informaciones en positivo. 2) Sean públicas o privadas deben colaborar en la tarea pública de integración de los inmigrantes, divulgando informaciones sobre la migración y su contexto, así como contribuir al clima de diálogo social», eran algunos de los puntos que desde el Gobierno pretendían imponer.

Respecto a las «recomendaciones» a los cuerpos policiales y empresas audiovisuales, incidían mucho en rechazar las generalizaciones y el señalamiento de colectivos minoritarios: «Evitar la simplificación a la hora de servir las informaciones a los medios, así como la dramatización o la presunción condenatoria».

«Al ser la primera pieza en la cadena informativa deben abordar la inmigración como tema y no como problema, sin regir las circunstancias problemáticas, pero asumiendo la normalidad de la circulación internacional de las personas», incidían instando a las empresas audiovisuales a colaborar en la tarea pública de integración de inmigrantes divulgando información sobre la migración y su contexto y contribuyendo al clima de diálogo social.

En el punto 4 es donde PP y PSOE son más claros, ya que exigen evitar la asociación entre inmigración y violencia, conflicto, marginalidad, desorden o delincuencia. También piden que se evite el «tratamiento utilitarista» de la inmigración por baja natalidad o para cubrir puestos de trabajo.

En la segunda parte de la guía, ya introducen casos prácticos para remarcar qué palabras y expresiones deben usarse para evitar generar rechazo hacia ciertas ideas, buscando así adoctrinar a la sociedad. Por ejemplo, prohibían toda asociación de inmigración con delincuencia, el posicionamiento del inmigrante como víctima o la discriminación positiva. Al contrario, exigían recordar el principio de presunción de inocencia —que hoy en día se saltan con la Ley Integral de Violencia de Género—, enfatizar el derecho a la igualdad de todos o construir discursos más representativos de la comunidad migrante.

También hicieron una distinción entre mala y buena práctica. Hablar de avalancha o asalto pasaría a estar mal visto, siendo recomendable utilizar expresiones más planas como desplazados o pasajeros. Detrás de todo este macro acuerdo sellado entre el PP y el PSOE estuvieron los principales medios generalistas del país, incluyendo las tres agencias de comunicación más grandes: Europa Press, EFE y Servimedia.

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