Los centros públicos y concertados de Castilla y León deberán aplicar desde el próximo curso escolar un protocolo en pruebas que deberá promover “la diversidad sexual”, entre otras medidas. 

Gobernada desde 1987 por el Partido Popular, Castilla y León se suma a las comunidades que imponen en las aulas escolares la ingeniería social del lobby LGTB. A través del ‘Protocolo de atención educativa y acompañamiento al alumnado en situación de transexualidad y alumnado con expresión de género no normativa’, diseñado desde la Consejería de Educación, Castilla y León impondrá en los centros escolares públicos y concertados una educación ‘desde la perspectiva de género’.
Así, el protocolo, que se refiere a los niños como ‘el alumnado’ para evitar la expresión ‘alumnos’ o ‘alumnas’, explica, por ejemplo, cómo debe actuar el centro educativo cuando se tope con una familia que ‘no acepte’ la identidad sexual o ciertos comportamientos de género no normativo del alumno: “El equipo Directivo y Equipo Docente, adoptarán medidas necesarias para garantizar el bienestar, inclusión y seguridad del alumno o alumna en el centro educativo. El servicio de orientación acompañará a la familia en el proceso de entender, asumir y gestionar la situación, respetando siempre el derecho del alumno o alumna al desarrollo de su personalidad e identidad. En el caso de que se detecten indicios de riesgo, maltrato o desprotección, el Equipo Directivo procederá a comunicar la situación a la Fiscalía de Menores y Sección de Protección a la Infancia y/o Servicios corporativos locales y/o fuerzas y cuerpos de seguridad competentes”.
El protocolo establece, además, que se deberá dar a conocer y promover “la diversidad sexual”, como un hecho de diversidad. Hay más: “los distintos miembros de la comunidad educativa deberán dirigirse al alumno o alumna por el nombre elegido conforme a su identidad de género independientemente de sus datos
administrativos”, y “garantizar la libertad en el uso de la vestimenta con la que el alumno o alumna se sienta identificado. Si en el centro existiese la obligatoriedad de vestir un uniforme diferenciado por sexos, se reconocerá el derecho del alumno o alumna a vestir con ropas o uniforme acordes a la identidad de género manifestada”.
Entre otras indicaciones, el protocolo señala que los centros educativos deben “evitar realizar actividades diferenciadas por sexo; procurar el uso de baños mixtos” o, en su defecto, garantizar que “el alumnado acceda a los aseos y vestuarios que le corresponda de acuerdo con su sexo sentido”.
Unas medidas destinadas a proteger a los pequeños que sufran la conocida como disforia de género -una minoría entre la población escolar-, pero que no terminan ahí. En la línea de la imposición ideológica del lobby LGTB, el Protocolo va mucho más allá de la protección a los menores y fomenta una nueva ingeniería social explicando, por ejemplo, a niños de entre tres y seis años, la diferencia entre inseminación natural o inseminación artificial.
Los centros educativos públicos y concertados deberán incluir, desde el próximo curso escolar, “la diversidad de identidad o expresión de género no normativa en los
diferentes documentos de centro -Plan de Orientación de Centro, Plan de
Convivencia, Plan de igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres- además, de medidas y actuaciones de atención y de visibilización” de las distintas realidades LGTB.
Puede consultar el documento íntegro en este enlace: Protocolo Fase Experimental