«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

Puigdemont dice que no ha 'huido' y que quiere ser candidato el 21D

 

El expresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, ha seguido tratando de internacionalizar la crisis en Cataluña en una entrevista a la televisión pública belga RTBF, donde denunció la falta de independencia judicial en España y expresó su deseo de concurrir a las elecciones del 21 de diciembre.

La difusión de esta entrevista en la televisión belga francófona coincidió en el tiempo con la decisión de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien ha ordenado la detención a los efectos de su ingreso en prisión de Puigdemont y de los cuatro exconsejeros que viajaron con él a Bélgica y que no acudieron a su citación como investigados por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.
Minutos después, la Fiscalía federal belga informó de que ya había recibido las órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) contra Puigdemont y los cuatro exconsejeros que lo acompañan aquí.
«Confirmo que las hemos recibido. Estamos esperando su traducción y a continuación las estudiaremos», dijo a Efe el portavoz de la Fiscalía Eric Van Der Sijpt.
Por su parte, Paul Bekaert, abogado de Puigdemont, anunció que «apelará» si un juez belga decide «entregar» al expresidente catalán a las autoridades españolas, según afirmó en declaraciones a la televisión flamenca Terzake.
En este sentido advirtió que «no hay prisa», porque el proceso burocrático podría llevar «entre mes y medio o dos meses», hasta que realmente se pueda aplicar una hipotética orden de detención.
Bekaert confirmó que en caso de que un juez belga «decida la entrega» de su cliente a España, «apelarán sin duda» la decisión para evitar la extradición.
«Estoy dispuesto a ser candidato, incluso desde el extranjero», señaló el político catalán en una entrevista grabada en la televisión pública francófona RTBF, en la que se refirió a que espera que esos comicios autonómicos «se puedan desarrollar de la manera más normal posible. No es con un Gobierno en prisión que esas elecciones pueden ser neutrales, independientes, normales».
Puigdemont aseguró en esa entrevista que no ha huido de los jueces y que quiere comparecer ante la Justicia pero «ante la verdadera», en referencia a la belga.
«No hay garantías de tener una sentencia justa» en España, opinó Puigdemont, quien aseguró que en nuestro país es imposible «escapar a la enorme presión de la política sobre el poder judicial».
Así insistió en que no ha «huido» de la Justicia y que está en Bélgica para preparar su defensa, y aseguró que sólo quiere comparecer ante los jueces belgas.
El expresidente catalán asegura que ha venido «a Bruselas sobre todo para impedir la confrontación (…) es una razón, me hubiera podido quedar y pedir resistencia. La violencia nunca ha sido una opción para nosotros. Nuestra actitud ha sido pacifica, democrática y queremos acabar igual».
Sobre su presencia en territorio belga, asegura que no desea «belgianizar la política catalana» y explica que no se ha reunido con responsables políticos ni belgas ni europeos.
Puigdemont afirmó «no haber pedido asilo». «No estoy aquí para pedir asilo político, sino para defender a un Gobierno.. y para tener la libertad de expresarme… Lo que queremos obtener de España es el reconocimiento, el respeto», dijo.
Puigdemont ha concedido esta entrevista el mismo día en que la Asamblea Nacional Catalana (ANC) reunía a una cincuentena de personas en una concentración de protesta ante la Comisión Europea (CE) en Bruselas, en la que no se han visto eurodiputados del PDeCAT, el partido de Puigdemont.
La concentración se hizo en apoyo del exvicepresidente de la Generalidad Oriol Junqueras y de los exconsejeros encarcelados.
En este contexto, los dos miembros de la delegación catalana en el Comité Europeo de las Regiones (CdR), María Badia y Amadeu Altajaf, han perdido su mandato como representantes de Cataluña en esta institución comunitaria, en el marco de la aplicación del artículo 155 de la Constitución española.
La ya exrepresentante permanente y exsecretaria de Asuntos Exteriores de la Generalidad, Maria Badia, perdió su puesto el pasado viernes, mientras que el suplente, el exjefe de la oficina de la Generalidad en Bruselas Amadeu Altafaj, lo perdió al día siguiente, según ha informado el CdR.
Por su parte, la CE rechazó pronunciarse sobre la prisión preventiva sin fianza impuesta a esos siete miembros del cesado Gobierno de la Generalidad, argumentando que el Ejecutivo comunitario no comenta procesos legales en curso y que respeta la independencia de las autoridades judiciales españolas.
«Es una cuestión para las autoridades judiciales, respetamos su independencia», declaró la portavoz de la CE Annika Breidthardt, que recibió diecisiete preguntas relacionadas con la prisión provisional decretada para los citados políticos catalanes y sobre la opinión de la Comisión Europea relativa a la independencia judicial en España.
«Respetamos completamente el orden constitucional en España y me gustaría dejarlo ahí», añadió la portavoz, que precisó también que el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, ya ha manifestado que el Ejecutivo comunitario no tiene intención de mediar en la situación de Cataluña.

Denuncia ‘malos tratos’ en el traslado a prisión de los exconsejeros

Carles Puigdemont se ha hecho eco en Twitter de la denuncia del abogado del exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Dolors Bassa y Carles Mundó de que sus representados habrían sufrido malos tratos en el traslado a prisión.
En un mensaje en su cuenta, el expresidente ha asegurado, en inglés, que «miembros del Gobierno catalán detenidos por las autoridades legales de España denuncian malos tratos mientras eran llevados a la cárcel».
Puigdemont ha sumado a su tuit una noticia sobre las declaraciones del abogado de estos tres exmiembros del Ejecutivo regional, Andreu Van den Eynde, que ha denunciado que en el traslado a la cárcel de Estremera (Madrid) hubo «determinadas conductas no muy regulares de trato y maltrato a detenidos y presos».
 
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