El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha rechazado entregarse a España, tras comparecer voluntariamente ante las autoridades belgas, acompañado de sus abogados, en relación con la euroorden cursada por el Tribunal Supremo, según han confirmado fuentes de su oficina.
Estas fuentes han añadido que el expresidente catalán «está siguiendo todos los pasos oficiales que acompañan a este procedimiento», y que, al recibir la notificación «se ha opuesto a su entrega» a las autoridades españolas.
El pasado lunes día 13, horas después de que el Tribunal Supremo dictara la sentencia sobre el juicio del procés, el juez Pablo Llarena decidió cursar por tercera vez una orden europea de detención y entrega contra Puigdemont.
Su abogado en Bélgica, Paul Bekaert, dijo ya el lunes que Puigdemont colaboraría con la justicia belga y no se escondería cuando las autoridades del país recibieran la euroorden emitida por el Supremo.
«Hablaremos con el fiscal y mi cliente; si es convocado a ir ante el juez, no se esconderá. Colaborará con la justicia belga. Confía en la justicia belga. Esa es la razón por la que está en Bruselas», dijo Bekaert.
La Fiscalía de Bruselas se encuentra a la espera de que la Justicia española entregue la próxima semana una traducción de la euroorden y los documentos anexos, reactivada por el juez Llarena, tras conocerse la sentencia que condena a penas de hasta 13 años de cárcel a los políticos del «procés».
A continuación, la Fiscalía procederá a un «análisis en profundidad» de la misma, señaló el Ministerio Público belga en un comunicado a propósito de la tercera Orden de Detención Europea (ODE) cursada contra el expresidente de la Generalitat.
La Audiencia Nacional cursó una primera euroorden en noviembre de 2017, inmediatamente después de la huida de Puigdemont a Bélgica, que fue suspendida al pasar el caso al Tribunal Supremo.
Se reactivó en marzo de 2018, lo que posibilitó la detención de Puigdemont en Alemania. Pero el tribunal regional de Schleswig-Holstein rechazó su entrega por rebelión y sólo la admitió por malversación, extremo que Llarena rechazó al considerar que sería injusto con los acusados que no habían huido y debían responder por todos los delitos que se les imputaban.
