El Ministerio de Transición Ecológica, entonces en manos de Teresa Ribera (PSOE), archivó en 2021 el plan de encauzamiento y drenaje del barranco del Poyo, una infraestructura que, según ingenieros y expertos en gestión hidráulica, habría podido evitar la catástrofe que se cobró casi 200 vidas en la reciente riada que arrasó varias comarcas valencianas. Aquel proyecto, diseñado en 2006 y considerado esencial por la Confederación Hidrográfica del Júcar desde 2009, fue relegado durante más de una década hasta su cancelación definitiva por decisión del departamento que dirigía Ribera, según avanza OkDiario.
La resolución del Ministerio consideró que las obras eran «incompatibles» con la Ley de Protección de la Huerta valenciana, impulsada tres años antes por el Ejecutivo autonómico de Ximo Puig. En lugar de ejecutar el plan original, Transición Ecológica apostó por «alternativas menos agresivas» con el entorno natural, aunque nunca se concretaron actuaciones sustitutivas de alcance. Además, un informe económico interno concluyó que el coste del proyecto —estimado en 250 millones de euros— no compensaba los beneficios esperados, lo que selló su abandono.
El plan original nació en 2006 con una finalidad clara: proteger a los municipios situados aguas abajo del barranco del Poyo de las riadas periódicas que históricamente han afectado la zona. En 2009, la Confederación del Júcar lo declaró prioritario y en 2011 recibió incluso una evaluación ambiental favorable del propio Ministerio, cuando Ribera ejercía como secretaria de Estado de Cambio Climático bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero. Sin embargo, la alternancia política de ese mismo año dejó el proyecto paralizado y, con el paso del tiempo, cayó en el olvido.
Cuando Ribera regresó al Ejecutivo en 2018, ya como vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica, el expediente fue revisado nuevamente. Tres años después, el ministerio decidió cerrarlo de forma definitiva. Paradójicamente, el coste de reconstrucción de las infraestructuras devastadas por la reciente DANA supera ahora los 2.000 millones de euros, según cálculos técnicos independientes, una cifra ocho veces superior al presupuesto del plan cancelado.
El impacto humano y económico ha reavivado las críticas políticas. El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, acusó a Ribera de haber actuado «por sectarismo ideológico» y de haber frenado un proyecto que, a su juicio, «habría evitado centenares de muertes». En una intervención parlamentaria recordó: «No permitió limpiar los cauces ni ejecutar las obras necesarias. Si no lo hubiera anulado, hoy muchas familias no estarían de luto».
Tellado también reprochó a la vicepresidenta no haber acudido a la zona afectada tras la tragedia, calificando su actitud de «insensible e inoperante». Por su parte, Ribera ha defendido que el único momento en que el plan estuvo realmente cerca de materializarse fue en 2011, durante su etapa como secretaria de Estado, antes de que el cambio de gobierno paralizara cualquier avance.
A día de hoy, el barranco del Poyo sigue siendo una de las principales amenazas naturales del litoral valenciano. Lo que en su momento se consideró un proyecto «demasiado caro» se ha convertido, con el paso de los años, en el ejemplo más visible de cómo la inacción administrativa y las decisiones políticas pueden tener un coste infinitamente mayor.
