El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha una operación sin precedentes en la historia democrática española para acelerar la nacionalización de cientos de miles de solicitantes acogidos a la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos. El movimiento llega en un contexto especialmente sensible: desde el pasado 2 de abril, la identificación mediante DNI digital debe ser aceptada por organismos públicos y privados, lo que abre un nuevo escenario de cara a futuros procesos electorales.

El foco principal de esta estrategia, según avanza El Debate, se encuentra en Buenos Aires. El Consulado General de España en la capital argentina se ha convertido en una pieza clave para el Ejecutivo, al concentrar el mayor volumen de solicitudes de nacionalidad de toda la red consular española. Según los datos manejados por el propio entorno consular, allí se acumulan más de 645.000 expedientes vinculados a la Ley de Memoria Democrática, una cifra capaz de alterar de forma muy notable el peso del voto exterior.

El colapso administrativo generado por esta avalancha de solicitudes ha llevado al Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, a adoptar una fórmula inédita: externalizar parte del tratamiento de los expedientes. La medida implica que una empresa ajena a la estructura funcionarial se encargue de digitalizar la documentación en papel e introducir los datos en el Registro Civil electrónico.

La propia cancillería española en Buenos Aires reconoció en marzo que sus sistemas informáticos no estaban preparados para tramitar con la velocidad necesaria el enorme volumen de gestiones digitales acumuladas. En ese mismo comunicado se anunció la decisión de «terciarizar» la carga de datos de los expedientes LMD en el Registro Civil electrónico, una expresión que en la práctica equivale a subcontratar una parte del procedimiento.

Ese punto es el que ha encendido todas las alarmas. Lo que oficialmente se presenta como una solución técnica para desbloquear trámites pendientes supone, según las críticas, sacar del control directo de funcionarios de carrera una fase especialmente delicada del proceso: la incorporación de nuevos ciudadanos al sistema jurídico español.

La obtención de la nacionalidad no es un simple trámite administrativo. Una vez concedida, abre la puerta al reconocimiento pleno de derechos políticos, incluido el derecho al voto. Por eso, la aceleración masiva de estos expedientes en el exterior puede tener consecuencias directas sobre el censo electoral y, por tanto, sobre el resultado de unas elecciones generales.

El Gobierno ya había introducido previamente otro cambio relevante mediante el real decreto 255/2025, aprobado por el Consejo de Ministros el 1 de abril del año pasado. Esa norma otorgó validez legal al DNI digital y amplió la capacidad de expedición de estos documentos, permitiendo que consulados y embajadas puedan participar en el proceso de emisión de los nuevos DNI digitales.

Hasta entonces, la expedición del Documento Nacional de Identidad dependía exclusivamente de la Policía Nacional en sus oficinas dentro del territorio español. Sin embargo, el nuevo sistema amplía el circuito administrativo y encaja con la voluntad del Ejecutivo de reforzar la acción exterior del Estado en materia documental y consular.

Ni Albares ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicaron en detalle este cambio durante la presentación pública del DNI digital y de los planes del Gobierno para la ciudadanía española en el extranjero. El giro, sin embargo, resulta clave para entender la nueva dimensión del voto exterior y la rapidez con la que pueden incorporarse nuevos electores al censo.

La dimensión política de esta operación quedó expuesta esta semana con la intervención del senador socialista César Mogo, responsable del PSOE en el Exterior, ante el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior. Mogo reconoció que el Gobierno está poniendo recursos para agilizar las inscripciones de nacionalidad derivadas de la Ley de Nietos.

El dirigente socialista también habló de más de 2.000 contrataciones para reforzar la red consular. Sin embargo, no aclaró qué parte corresponde a funcionarios, personal laboral, interinos, asistencias técnicas o servicios externalizados. Esa falta de precisión alimenta las dudas sobre el alcance real de la operación y sobre el grado de control público del procedimiento.

Mogo aportó además un dato especialmente relevante: de los 3,2 millones de españoles residentes fuera del país, el 73% no ha nacido en España. En el continente americano, ese porcentaje se eleva hasta el 84%. Ese desplazamiento del centro de gravedad del voto exterior hacia Hispanoamérica, y de forma particular hacia Argentina, convierte a Buenos Aires en un enclave electoral de primer orden.

La Ley de Memoria Democrática ha provocado una transformación profunda del mapa consular español. Millones de descendientes de exiliados o emigrantes pueden aspirar a la nacionalidad, lo que ha desbordado la capacidad ordinaria de los consulados y ha obligado al Ejecutivo a buscar fórmulas extraordinarias para tramitar los expedientes pendientes.

En el caso de Buenos Aires, la magnitud de las solicitudes podría situar a esa demarcación consular entre las mayores concentraciones de ciudadanos españoles del mundo. Su potencial incorporación al censo superaría incluso la población de grandes ciudades españolas como Málaga, Murcia o Palma, lo que da una idea del impacto que puede tener esta bolsa de nuevos nacionales.

La actividad del PSOE en Hispanoamérica también se ha intensificado en los últimos meses. Dirigentes y cuadros del partido han aumentado su presencia en el exterior para explicar a los solicitantes que la obtención de la nacionalidad se produce bajo el impulso del actual Gobierno, un mensaje con evidente carga política de cara al futuro comportamiento electoral de esos nuevos ciudadanos.

La externalización de expedientes, la validación del DNI digital, el crecimiento del censo exterior y la aceleración de nacionalizaciones forman parte de un mismo tablero. Para sus críticos, el Ejecutivo estaría aprovechando todos los resortes administrativos disponibles para ampliar su base potencial de votantes antes de la próxima cita con las urnas.

A esa estrategia se suman otros movimientos impulsados durante los últimos años, como la expansión del voto exterior, los cambios en los sistemas de identificación, la actualización del censo sin comprobación física directa y la cancelación automatizada de antecedentes penales en determinados supuestos. Todo ello configura, según esta lectura, una arquitectura electoral favorable al mantenimiento de Pedro Sánchez en La Moncloa.

Por eso, la continuidad de la legislatura hasta 2027 se convierte en una cuestión decisiva. Cuanto más tiempo permanezca el Gobierno en funciones de mando efectivo, más margen tendrá para culminar la tramitación de cientos de miles de expedientes, incorporar nuevos ciudadanos al censo y consolidar un voto exterior que podría resultar determinante en unas elecciones generales ajustadas.

El objetivo político de fondo sería claro: llegar a la próxima convocatoria electoral con una base ampliada de electores en el extranjero y con una maquinaria consular reforzada para absorber el enorme volumen de nacionalizaciones pendientes. En ese escenario, las previsiones demoscópicas favorables al PSOE dejarían de ser una anomalía y pasarían a interpretarse como el reflejo anticipado de una operación ya en marcha.

La profecía electoral que algunos atribuyen a José Félix Tezanos podría acabar cumpliéndose no por azar, sino como consecuencia de una estrategia institucional de largo recorrido. La combinación de nacionalizaciones masivas, voto exterior y DNI digital puede convertirse en uno de los factores decisivos de la próxima batalla por el poder en España.