El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves que «cruza los dedos» para que en los próximos días se rubrique definitivamente el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, una operación largamente cuestionada por amplios sectores del campo europeo y por países que advierten de su impacto sobre la soberanía alimentaria y la producción agrícola.

Sánchez ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de la Conferencia de Embajadores en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde ha defendido el pacto como un «paso de gigante» para reforzar la relación entre los Veintisiete e Iberoamérica, subrayando que España ha trabajado activamente para acelerar su firma.

El jefe del Ejecutivo ha vinculado el impulso al acuerdo al actual contexto geopolítico, marcado por la reconfiguración del orden internacional. «Europa necesita aliados, necesita amigos», ha afirmado, insistiendo en que Iberoamérica «no puede seguir siendo la gran olvidada de Europa», pese a las advertencias sobre la competencia desleal que el pacto introduciría en sectores estratégicos como la agricultura y la ganadería.

Las palabras de Sánchez llegan en un momento clave, cuando los Estados miembros podrían autorizar esta misma semana, por mayoría cualificada, el mandato negociador definitivo, allanando el camino para que el acuerdo con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se firme en cuestión de días tras más de dos décadas de negociaciones.

El presidente ha aprovechado su intervención para reiterar la apuesta del Gobierno por una política comercial expansiva, mencionando también futuros acuerdos con India, Indonesia, México y un pacto digital con Corea del Sur, en línea con la agenda globalista impulsada desde Bruselas.

Así mismo, se ha expresado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien ha reclamado cerrar el acuerdo «sin más excusas», recordando que las negociaciones se arrastran desde hace 25 años. Albares ha defendido que el pacto daría lugar a «la mayor zona de libre comercio del mundo», con unos 700 millones de personas, y supondría —según sus cálculos— un ahorro anual de más de 4.000 millones de euros en aranceles.

El ministro ha subrayado que no se trata únicamente de un acuerdo económico, sino de un «compromiso político de asociación» con Iberoamérica, una afirmación que choca con las crecientes protestas del sector agrario europeo y con las críticas de quienes denuncian que Bruselas vuelve a utilizar al campo como moneda de cambio en su estrategia comercial global.