El respaldo de Junts y ERC a la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en 2023 ha tenido una consecuencia poco visible pero de gran alcance: la llegada de perfiles próximos al independentismo catalán a los consejos de administración y órganos de dirección de compañías y organismos estratégicos del Estado. RTVE, Aena, Renfe, Enagás o Indra figuran entre las entidades donde se han producido estos nombramientos durante la actual legislatura.
Aunque Junts ha escenificado posteriormente su ruptura política con el Ejecutivo, el partido del prófugo Carles Puigdemont ha conseguido situar a personas de su entorno en alrededor de media docena de organismos, detalla El Debate. Uno de los casos más conocidos es el del comunicador Miquel Calçada, conocido como Mikimoto, designado consejero de RTVE. Calçada formó parte en 2015 de la lista electoral de Junts Pel Sí y un año más tarde fue candidato por Convergència.
La formación separatista también impulsó el nombramiento de Pere Soler en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo regulador que supervisa sectores clave de la economía española. Soler fue director general de los Mossos d’Esquadra durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
En el caso de Aena, la presencia de Junts se materializa en el consejo de administración a través de Ramon Tremosa, exdiputado en el Parlamento Europeo y consejero de Empresa de la Generalidad durante el Gobierno de Quim Torra. Tremosa percibe un salario anual de 122.562 euros.
Durante su etapa como eurodiputado, Tremosa protagonizó episodios llamativos, como cuando en 2022 trasladó a la Comisión Europea una protesta por una acción del futbolista del Real Madrid Pepe sobre Leo Messi en un partido de fútbol. En su pregunta parlamentaria planteó si unos hechos que habían visto millones de personas, incluidos menores, debían quedar sin sanción.
Otro nombramiento impulsado por el entorno posconvergente se produjo en Renfe. En marzo del pasado año se incorporó el economista Eduard Gràcia a un puesto relevante en la compañía ferroviaria en plena negociación del traspaso de la gestión de Rodalies —las Cercanías catalanas— a la Generalidad.
El independentismo también ha logrado presencia en el consejo de Indra, empresa que el Gobierno pretende convertir en un actor central de la industria de defensa española. En octubre de 2025 se incorporó Oriol Pinya, vicepresidente de la patronal separatista FemCat y fundador de Abac Capital.
En el gestor del sistema gasista, Enagás, fue nombrada consejera Elena Massot, licenciada en Derecho y Administración de Empresas. Massot desarrolló su carrera en la inmobiliaria familiar Vertix, donde ejerce como consejera delegada. Además, fue presidenta de FemCat y actualmente es vocal de la asociación soberanista Òmnium Cultural.
El otro gran socio parlamentario del Gobierno, ERC, también ha conseguido colocar perfiles próximos a su órbita en compañías estratégicas. Precisamente en Enagás está previsto que el próximo 25 de marzo se incorpore al consejo Vicenç Pedret, persona de confianza del líder republicano Oriol Junqueras, con un mandato de cuatro años como consejero independiente.
La presencia republicana también se deja notar en Redeia, la empresa responsable de la red eléctrica española. Allí fue designado Albert Castellanos, estrecho colaborador de Junqueras, apenas un mes después del apagón eléctrico.
Durante el Gobierno de Pere Aragonés en la Generalidad, Castellanos ocupó cargos relevantes en la administración autonómica. Fue consejero delegado de la Agencia Catalana para la Competitividad de la Empresa (Acció) y también secretario de Empresa y Competitividad. Conviene recordar que el principal accionista de Redeia es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 20% del capital.
El rastro de ERC también aparece en otros nombramientos recientes. Entre ellos figuran Josep María Salas Prat en la CNMC, Jordi Pons en el Banco de España y Sergi Sol en RTVE. Salas Prat formó parte de las listas de ERC en 2019; Pons es autor del libro «El expolio fiscal: una asfixia premeditada», donde sostiene la tesis de que Cataluña sufre un perjuicio económico por parte del Estado; y Sol fue responsable de comunicación del partido entre 2011 y 2015.
