El Gobierno de Sánchez ha introducido por primera vez un límite máximo mensual al copago farmacéutico aplicable a los inmigrantes ilegales en España mediante el Real Decreto-ley 11/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Según publica The Objective, la reforma modifica el sistema vigente desde 2018 y establece que los ilegales mantendrán una aportación del 40% sobre el precio de los medicamentos, aunque no deberán abonar más de 8,23 euros al mes, incluso cuando el coste total de sus tratamientos supere ampliamente esa cantidad.
La medida incorpora a este colectivo al mismo tramo de aportación farmacéutica previsto para los trabajadores activos con menores ingresos. El nuevo esquema fija un límite mensual de 8,23 euros para ambos grupos, frente a los 18,52 euros establecidos para rentas de entre 9.000 y 17.999 euros anuales y los 61,75 euros fijados para ingresos de hasta 34.999 euros. Los pensionistas continuarán sujetos a un régimen diferenciado, con aportaciones generalmente equivalentes al 10% y topes ajustados según nivel de renta.
Hasta ahora, el sistema derivado del Real Decreto-ley 7/2018 contemplaba para los inmigrantes ilegales un copago del 40% sin límite acumulado mensual.
El nuevo límite figura expresamente en el texto legal aprobado por el Ejecutivo dentro del sistema general de topes máximos de aportación farmacéutica. La modificación incorpora por primera vez a ilegales a un nivel específico de protección farmacéutica, equiparándolos en la práctica a los tramos de renta más bajos del sistema.
El Ministerio de Sanidad presentó públicamente la reforma como una iniciativa destinada a reforzar la equidad y proteger a las rentas medias y bajas, aunque las comunicaciones oficiales difundidas tras el Consejo de Ministros no detallaron expresamente el nuevo límite aplicable a extranjeros sin residencia legal. El cambio, no obstante, aparece recogido literalmente en el BOE dentro del articulado relativo al nuevo modelo de aportaciones farmacéuticas.
El conjunto de la reforma tendrá un coste estimado de 265,63 millones de euros. El documento no precisa qué parte de esa cuantía corresponderá específicamente al nuevo límite farmacéutico ni cómo se distribuirá el gasto entre las comunidades autónomas, responsables de la mayor parte de la financiación farmacéutica pública.
