El Gobierno de Pedro Sánchez se niega a aclarar si alcanzó acuerdos con Marruecos sobre la gestión de avalanchas migratorias, el espacio aéreo o las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla, pese a haber suscrito públicamente hasta 14 entendimientos con Rabat durante la XIII Reunión de Alto Nivel celebrada el pasado diciembre.

La negativa ha obligado al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a intervenir. En una resolución dictada el pasado 16 de junio, el organismo ordenó al Ministerio de Asuntos Exteriores que responda a una solicitud de información sobre posibles acuerdos o protocolos concertados con Marruecos en estas materias.

La revelación, adelantada por El Debate, cobra especial relevancia después de la entrada masiva de alrededor de 72.000 personas en Ceuta desde territorio marroquí, una crisis que ha vuelto a poner bajo sospecha la fiabilidad de Rabat como socio fronterizo.

Mientras el Ejecutivo español insiste en responsabilizar principalmente a las mafias, las dudas se centran en saber qué compromisos concretos asumieron Madrid y Rabat para impedir que Marruecos vuelva a utilizar la presión migratoria como instrumento político.

Catorce acuerdos públicos, silencio sobre las fronteras

Durante la cumbre bilateral de diciembre, España y Marruecos suscribieron 14 acuerdos sobre materias muy diversas. Entre ellos figuran compromisos relativos a la denominada «política exterior feminista», la lucha contra los «discursos de odio», la digitalización de las administraciones públicas, educación, sostenibilidad, igualdad, prevención de catástrofes y cooperación pesquera.

Sin embargo, cuando El Debate pidió conocer específicamente si existían pactos sobre el espacio aéreo, las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla o la gestión de entradas migratorias masivas, Moncloa evitó responder sobre el fondo. Presidencia alegó que no disponía de esa información por no encontrarse dentro de su ámbito competencial y trasladó la solicitud al Ministerio de Asuntos Exteriores.

El departamento dirigido por José Manuel Albares tampoco respondió, lo que provocó la intervención del Consejo de Transparencia. El organismo ha recordado a Exteriores que tiene la obligación legal de contestar y facilitar la información solicitada en los términos establecidos por la Ley de Transparencia.

El Gobierno calificaba a Marruecos como socio ejemplar

La declaración conjunta firmada en diciembre sí contiene referencias generales a la inmigración. España y Marruecos se comprometieron entonces a promover una «movilidad» segura, ordenada y regular y a reforzar la cooperación contra la inmigración ilegal, el tráfico de personas, la falsificación documental y la trata.

El Ejecutivo español llegó además a elogiar públicamente la política migratoria marroquí, destacando su supuesto modelo basado en la regularización, la integración socioeconómica y la protección de los inmigrantes. Estas declaraciones chocan ahora con la magnitud de la última crisis de Ceuta.

El ministro Albares ha seguido defendiendo tras la avalancha que Marruecos es un «socio fiable», alegando que Rabat colaboró desde el primer momento para detener el flujo de personas.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, adoptó una posición más exigente y reclamó a las autoridades marroquíes que investiguen lo sucedido y determinen quién permitió o toleró la salida masiva hacia territorio español.

El precedente de 2021

La utilización de la inmigración como instrumento de presión por parte de Marruecos cuenta con un precedente inmediato. En mayo de 2021, miles de personas entraron irregularmente en Ceuta después de que las autoridades marroquíes relajaran los controles fronterizos en plena crisis diplomática provocada por la estancia en España de Brahim Ghali, dirigente del Frente Polisario.

Aquel episodio marcó profundamente las relaciones entre ambos países. Meses después, Sánchez modificó la posición tradicional española respecto al Sáhara Occidental y pasó a respaldar el plan marroquí de autonomía como la propuesta que el Gobierno español considera más seria, creíble y realista para resolver el conflicto. La XIII Reunión de Alto Nivel volvió a ratificar ese acercamiento entre Madrid y Rabat.

Ceuta y Melilla, fuera de las respuestas del Gobierno

Las dudas no afectan únicamente a la inmigración. La información solicitada incluye también la existencia de posibles acuerdos relacionados con el espacio aéreo y las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla, cuestiones de enorme relevancia para la soberanía y la actividad económica de ambas ciudades autónomas.

El Gobierno no ha confirmado ni desmentido hasta ahora que durante las negociaciones con Rabat se alcanzara algún entendimiento específico sobre estos asuntos.

La falta de respuesta resulta especialmente llamativa porque España sí hizo públicos acuerdos sobre cuestiones considerablemente menos sensibles, mientras mantiene bajo reserva aquello que afecta directamente a las fronteras, la soberanía territorial y la capacidad de Marruecos para ejercer presión sobre España.

La resolución 2026-0640 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno obliga ahora al Ministerio de Exteriores a responder. El organismo considera que la Administración no puede limitarse a guardar silencio ante una petición amparada por el derecho de acceso a la información pública.