El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este domingo que pedirá al Congreso la «última y definitiva» prórroga del estado de alarma de otras dos semanas, hasta el 21 de junio, en la que los presidentes autonómicos serán la máxima autoridad una vez sus territorios estén en la fase 3.
En rueda de prensa tras celebrar su decimosegunda reunión de presidentes autonómicos desde que se activó el estado de alarma, Sánchez ha explicado que si el Congreso aprueba la ampliación, a partir del 8 de junio el estado de alarma será «muy distinto» y «mucho más liviano» pero «necesario» para culminar el proceso de desescalada en la crisis del coronavirus.
El jefe del Ejecutivo ha explicado que serán los presidentes autonómicos quienes pilotarán el paso de la fase 3 de la desescalada a la nueva normalidad y quienes tendrán la última palabra sobre la duración de ese periodo.
Los presidentes autonómicos decidirán, por lo tanto, cuándo se levanta el estado de alarma en sus territorios una vez ya hayan superado la fase 2, además del número de días que quieren permanecer en la 3, aunque podrán solicitar recomendaciones al Ministerio de Sanidad.
Sin embargo, ha remarcado el presidente, «no habrá novedad» en los últimos quince días de estado de alarma en aquellas comunidades autónomas que sigan en fase 2. Además, seguirá siendo el Gobierno quien tome la decisión definitiva del avance a la última etapa de la desescalada, como sucedía hasta ahora.
Pero en la fase 3 debería encontrarse el 8 de junio más de la mitad del país, según ha destacado Sánchez, que considera que esa nueva modalidad de alarma supone el paso de la «cogobernanza» a la «gobernanza plena» de las comunidades autónomas, que ostentan la competencias en materia de sanidad.
En manos del Gobierno lo único que quedará será la regulación de la movilidad, ha remarcado Sánchez.
Sobre el plan que tiene el Gobierno para limitar los movimientos si hay rebrotes una vez finalizado el estado de alarma, el jefe del Ejecutivo ha apuntado que «no hay otro instrumento para restringir la movilidad» de comunidades autónomas o áreas metropolitanas como las de Madrid o Barcelona si no es mediante esa medida excepcional.
El voto afirmativo del PNV a esta nueva ampliación y la abstención de ERC allanan el camino para que el Gobierno de coalición logre luz verde del Parlamento a esta última alarma, aunque el presidente ha dicho que seguirá hablando con los grupos que no han expresado su rechazo a la prórroga como son el PP y Vox.
En respuesta a una pregunta sobre el diálogo con Ciudadanos, el jefe del Ejecutivo ha agradecido «de corazón» la responsabilidad de los grupos políticos que han apoyado restringir la movilidad y la libertad de reunión, medidas que «se han revelado absolutamente fundamentales para la contención de la COVID-19».
El PP volverá a votar ‘no’ a la prórroga de la alarma por ser «perjudicial»
El vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, ha asegurado este lunes que su partido votará ‘no’ a la última prórroga de la alarma, como ya hizo en la anterior, porque considera que este estado es «innecesario» y «perjudicial» para el conjunto de los españoles.
En una entrevista en TVE, ha criticado las negociaciones para conseguir apoyos para este nuevo estado de alarma porque «no son propias de un Gobierno serio» ya que suponen «concesiones» a unas comunidades autónomas en detrimento de otras y establecer «españoles de primera y de segunda».
Olano ha criticado que una nueva prórroga solo sirve para que el Gobierno pueda seguir gobernando por decreto, limitando los derechos individuales y haciendo la política de pactos «que siempre ha querido» con sus socios de investidura, y ha insistido en que hay alternativas al estado de alarma con la legislación ordinaria.
Por eso, ha dicho que «otros», en referencia a Ciudadanos, tendrán que explicar «de qué ha servido su voto» para favorecer la aprobación de la anterior prórroga, cuando lo justificaron para evitar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dependiera de los independentistas y ahora vuelve a pactar con ERC y Bildu.
En este sentido, se ha referido al ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno, al que el PP va a votar que ‘sí’, ha anunciado, al tiempo que ha exigido que se gestione de la mejor manera posible.
El PP reclama que esta renta sea gestionada por las autonomías, para evitar duplicidades, y que se vincule su percepción a la búsqueda activa de empleo.