El Gobierno de Pedro Sánchez ha transferido cerca de 310 millones de euros desde el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para cubrir gastos de personal. El movimiento presupuestario coincide con la negativa del departamento dirigido por Félix Bolaños a revelar cuánto cobran los asesores designados a dedo desde la llegada del PSOE a La Moncloa.
El Consejo de Ministros autorizó en julio una transferencia de crédito por un importe exacto de 309.840.377,20 euros. El dinero procede de Educación y se destinará a financiar «insuficiencias» en el capítulo uno del presupuesto de Presidencia, dedicado a gastos de personal.
La operación adquiere especial relevancia ante el crecimiento de la estructura de asesores del Ejecutivo y la resistencia de Presidencia a detallar sus retribuciones. Según la documentación publicada por El Debate, el departamento de Bolaños ha acumulado varias resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que le obligan a identificar a sus cargos de confianza y precisar cuánto dinero público han percibido.
Presidencia ha remitido finalmente un listado con 75 personas que han trabajado como asesores de libre designación para los diferentes ministros que han ocupado el departamento desde 2018. De ellas, doce continuarían en activo al no constar una fecha de cese en la información entregada.
El documento, firmado por el subsecretario de Presidencia, Alberto Herrera, incluye los nombres, pero deja fuera a quienes dependen de forma directa de La Moncloa. Tampoco proporciona las retribuciones individuales que el Consejo de Transparencia había ordenado hacer públicas.
La resolución 2025-0762, dictada el 20 de junio de 2025, reclamaba las «retribuciones anuales brutas de cada uno de ellos desde el inicio de su contratación». Presidencia se ha limitado a señalar que los salarios se calculan en función del nivel de los puestos y que los asesores incluidos ocupan plazas de nivel 30, el máximo dentro de la Administración General del Estado.
El Ministerio también remite a la relación de puestos de trabajo y a las leyes de Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, esos documentos contienen cantidades generales y complementos que pueden variar según el ejercicio y la persona contratada, por lo que no permiten conocer cuánto ha cobrado cada asesor ni calcular el desembolso total.
Bolaños acumula otra resolución
La negativa del Ministerio no es un episodio aislado. El Consejo de Transparencia dictó el pasado 20 de mayo la resolución 2026-0530, que obliga a Presidencia a entregar el nombre de los asesores con un nivel superior al 28 contratados desde 2018, así como sus retribuciones anuales brutas.
El organismo independiente adoptó esa decisión después de que el departamento de Bolaños ni siquiera respondiera a sus requerimientos. En su resolución, el CTBG subraya que los datos solicitados tienen «naturaleza de información pública» y recuerda al ministro su obligación de cumplir el mandato.
El plazo concedido ya ha vencido sin que Presidencia haya facilitado toda la información. Los servicios jurídicos que asesoran a El Debate preparan acciones legales para exigir la entrega de los salarios y garantizar el derecho de acceso a la información pública.
A estas resoluciones se suma otra orden, fechada el 19 de febrero, que obliga a La Moncloa a publicar la relación de asesores contratados directamente por Presidencia del Gobierno a noviembre de 2025, con el nivel asignado a cada uno. El Ejecutivo tampoco habría atendido hasta ahora este requerimiento.
El personal eventual es nombrado y cesado de forma libre para desempeñar funciones de confianza o asesoramiento especial. Sus salarios se pagan con cargo a los Presupuestos y su trabajo no puede computar como mérito para acceder a una plaza de funcionario de carrera.
La opacidad alcanza a los pagos en metálico
La resistencia de La Moncloa a facilitar información pública también alcanza a los pagos en efectivo realizados por Presidencia. La resolución 2026-0129, dictada el 6 de febrero, ordenó al Gobierno entregar la relación de pagos en metálico efectuados desde 2022, con la cuantía, el beneficiario y el motivo de cada operación.
El plazo volvió a expirar sin que el Ejecutivo remitiera los datos. Fuentes jurídicas citadas por El Debate sostienen que La Moncloa será demandada por su «desobediencia pertinaz» si mantiene el silencio.
Sánchez afronta así nuevas acusaciones de opacidad mientras su Gobierno detrae casi 310 millones de euros del presupuesto de Educación para cubrir las necesidades de personal de Presidencia. Todo ello en una legislatura en la que el Ejecutivo continúa funcionando con unas cuentas públicas prorrogadas y sin aclarar el coste individual de la red de asesores contratados a dedo.
