En el momento de mayor debilidad de Pedro Sánchez, cercado por los presuntos casos de corrupción que salpican al PSOE y a su entorno familiar, el Gobierno vuelve a ceder ante el chantaje separatista y rompe el principio de solidaridad nacional al conceder a la Generalidad su propia Hacienda para que recaude y gestione todos los impuestos en Cataluña.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y los consejeros de la Generalidad Albert Dalmau (Presidencia) y Alícia Romero (Economía y Finanzas) escenifican este lunes el acuerdo para la llamada «financiación singular de Cataluña«, una vieja exigencia del secesionismo que el Ejecutivo socialcomunista ha asumido en virtud del pacto de investidura firmado hace casi un año entre el PSC y ERC para permitir a Salvador Illa acceder a la presidencia autonómica.
El modelo que hoy presentan ambos Gobiernos abre la puerta a que cada región decida el nivel de gestión tributaria que quiera asumir, aunque en la práctica son muy pocas las comunidades con capacidad real para imitar lo que se concede ahora a la Generalidad. En el caso catalán, la meta que se persigue es clara: que la administración autonómica recaude y gestione el 100% de los tributos generados en Cataluña, quebrando así la caja común y debilitando la cohesión fiscal del Estado.
La concesión a los separatistas, lejos de responder al interés general, supone una nueva humillación al conjunto de los españoles, que verán cómo se rompe un principio básico de igualdad entre territorios para satisfacer a quienes quieren dinamitar la unidad nacional.
