La Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza (JAI), conocida como DIG, ha sancionado a un ertzaina con siete días de suspensión de empleo y sueldo por una infracción calificada como grave. El motivo de la sanción es su participación en una protesta no autorizada frente a la sede del PSE (PSOE) en Bilbao contra la Ley de Amnistía, así como por identificarse con su placa estando fuera de servicio, algo expresamente prohibido. Además, el agente enfrenta una multa de 600 euros por desobediencia, en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana.
El incidente tuvo lugar el pasado 12 de noviembre de 2023 en la Alameda de Rekalde, donde se ubica la sede socialista en la capital vizcaína. Ese día, grupos de personas se congregaron en protesta por las negociaciones entre el Gobierno central y partidos catalanes relacionadas con la amnistía para implicados en el golpe separatista. Según el atestado policial, el ertzaina habría asistido a la manifestación junto a un amigo, aunque él asegura que desconocía que el acto no estaba autorizado. «Sólo estuve 20 minutos en silencio y luego me fui caminando», declara el agente, quien niega haber participado activamente en la protesta o haber lanzado insultos contra sus compañeros.
El expediente detalla que varios ertzainas que se encontraban de servicio identificaron al agente y a su acompañante como participantes en la concentración, y señalan que estos habrían proferido frases ofensivas, como: «Con los moros no os metéis». No obstante, el policía sancionado rechaza rotundamente estas acusaciones. «¿Cómo voy a insultar a mis propios compañeros y después ponerme el uniforme esa misma noche? No tendría ningún sentido», afirma en su defensa.
El momento clave ocurrió cuando los agentes intentaron identificar al acusado. Este, aludiendo ser miembro de la Ertzaintza, mostró su acreditación profesional para evitar ser multado, una acción que contraviene la normativa vigente, ya que los policías tienen estrictamente prohibido usar su identificación oficial fuera del horario laboral. «Fue un error, nunca antes había asistido a una concentración. Fue mala suerte estar en el lugar y momento equivocados», admite el sancionado.
Inicialmente, los hechos fueron denunciados como una infracción por insultos y falta de respeto bajo la conocida ‘Ley mordaza’. Sin embargo, al no quedar probados los insultos, el caso derivó en una acusación por desobediencia. La DIG inició un expediente disciplinario en febrero de 2024, cuya resolución se le notificó recientemente. El agente, que pertenece a una de las últimas promociones de la Policía autonómica, ha recurrido tanto la sanción administrativa como la multa impuesta.
