El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha advertido este miércoles de que considera «una irresponsabilidad» dar políticamente por derrotado a Pedro Sánchez y ha asegurado que el jefe del Ejecutivo «va a intentar todo para seguir en el poder y para salvar de la cárcel a los suyos».

Abascal reaccionaba así a las informaciones que apuntan a que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, discrepa de la decisión adoptada por el Tribunal Supremo sobre el voto de determinados españoles nacionalizados al amparo de la denominada «ley de nietos».

«Ya ni esconden que van a dar un golpe, perpetrado por Sánchez y su mafia, contra los españoles y su soberanía», escribió el dirigente de VOX en la red social X. A continuación lanzó su aviso al PP: «Va a intentar todo para seguir en el poder y para salvar de la cárcel a los suyos. Es una irresponsabilidad darle por derrotado».

La declaración llega después de que distintas informaciones hayan señalado que Conde-Pumpido habría expresado internamente su desacuerdo con la resolución del Supremo y considerado que la medida podría vulnerar el derecho de sufragio. Esa posición ha sido atribuida a fuentes del Tribunal Constitucional, sin que hasta el momento exista una resolución del TC sobre el asunto.

El Supremo paralizó cautelarmente los efectos electorales

La controversia se remonta a la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente determinadas altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

El Alto Tribunal acordó que las inscripciones quedasen en suspenso mientras no se acreditase que los beneficiarios de la nacionalidad cumplen efectivamente el requisito de ser descendientes de españoles que sufrieron el exilio en las circunstancias contempladas por la ley.

En sus autos, el Supremo señaló que el «incremento extraordinario» del número de electores en el CERA generaba un «peligro fundado, real y serio» de afectar a la objetividad y transparencia del proceso electoral, argumento utilizado para justificar la adopción de las medidas cautelares solicitadas por VOX e Iustitia Europa.

La medida tiene carácter provisional y permanecerá vinculada a la resolución definitiva del procedimiento. No supone la retirada de la nacionalidad española a los afectados, sino que incide sobre sus efectos electorales mientras se determina si se cumplen las condiciones exigidas para la inscripción.

VOX teme que el asunto termine en el Constitucional

La formación de Abascal lleva días advirtiendo de que la batalla jurídica podría trasladarse al Tribunal Constitucional, donde existe una mayoría de magistrados considerados progresistas.

El portavoz nacional de VOX, José Antonio Fúster, sostuvo el lunes que su partido sospecha que el Ejecutivo buscará que la decisión del Supremo llegue cuanto antes al Constitucional. Acusó además al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, de ejercer presión para que el asunto pueda resolverse antes de las próximas elecciones.

Las posibilidades jurídicas para que el caso llegue al TC ya están siendo examinadas. El Debate ha informado de que el Gobierno estudia las vías procesales disponibles para que la controversia termine ante el tribunal presidido por Conde-Pumpido.

Por su parte, la Junta Electoral Central decidió acatar el auto del Supremo y encargó a los organismos competentes —entre ellos los consulados y la Oficina del Censo Electoral— el análisis de las inscripciones afectadas. La decisión de no recurrir la medida salió adelante por un ajustado 7 votos frente a 6, reflejo de la división existente sobre el alcance jurídico del auto.