Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han detenido este jueves a Antxon Alonso, quien, según aseguró Santos Cerdán, estaba vinculado al PNV y fue la llave para desbloquear la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa. Su arresto tiene lugar en plena expansión de la llamada operación Leire, un amplio dispositivo que ha salpicado a numerosas figuras y sociedades relacionadas con una presunta red de cobro de comisiones ilegales vinculada a la trama Koldo.

La captura de Alonso se produjo en Vizcaya, según fuentes cercanas al caso, y se suma a las recientes detenciones de la fontanera socialista Leire Díez y del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Paralelamente, la Guardia Civil está llevando a cabo numerosos registros en varias provincias —entre ellas Madrid, Sevilla y Zaragoza— donde se encuentran compañías señaladas por los investigadores. Una de ellas es Forestalia, cuya actividad podría conectar con Servinabar, la empresa que habría servido como plataforma para las adjudicaciones irregulares.

El operativo se extiende también a entidades públicas. Funcionarios de la UCO se han presentado en las sedes de SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa, reclamando expedientes y documentación vinculada a los movimientos empresariales investigados. Este despliegue responde a la sospecha de que, durante años, varias estructuras administrativas pudieron verse involucradas en decisiones arbitrarias o favorecedoras de intereses privados.

La investigación, dirigida desde el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional por el magistrado Antonio Piña y supervisada por la Fiscalía Anticorrupción, se mantiene bajo un estricto secreto. Entre los delitos que se examinan figuran prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. De momento, ya se han practicado 19 registros en distintos puntos del país y se prevé que los detenidos comparezcan ante la Justicia el próximo sábado a las diez de la mañana.

La figura de Alonso no es desconocida para el PSOE. Su nombre sonó con fuerza cuando se reveló que actuó como intermediario con fuerzas nacionalistas vascas durante la negociación de la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018. Aunque el PNV negó tales contactos, desde EH Bildu admitieron que aquellos encuentros se produjeron.

Por su parte, Vicente Fernández —otro de los detenidos— arrastraba un historial judicial relevante. En 2019 abandonó la vicepresidencia de la SEPI tras reabrirse la causa por la polémica adjudicación de la mina de Aznalcóllar, una operación ligada a su etapa en la Junta de Andalucía. Más tarde retornó como letrado de la propia Junta y, en 2021, recaló en Servinabar con la misión de desempeñar supuestas tareas de comunicación.

Con la operación aún en curso, los investigadores sostienen que podrían producirse nuevas actuaciones en los próximos días, mientras el cerco judicial en torno a las piezas clave de esta presunta trama continúa estrechándose.