El Gobierno de Pedro Sánchez destinó a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en 2025 un total de 4.500 millones de euros a cooperación internacional, una cifra que el exdiputado Pablo Cambronero ha traducido en 12,3 millones de euros diarios y 513.698 euros por hora. Se trata de uno de los mayores volúmenes de fondos públicos destinados por España a cooperación exterior en los últimos años.

Cambronero ha denunciado que este nivel de gasto público supone una «auténtica barbaridad de dinero» y ha puesto el foco en el destino final de esas partidas, al asegurar que una parte importante de los fondos termina en organismos y entidades extranjeras que, a su juicio, funcionan con una transparencia insuficiente. En su análisis, el exdiputado sostiene que el problema no es únicamente el volumen de dinero movilizado, sino la dificultad para conocer con precisión quién recibe esas ayudas, bajo qué criterios y con qué mecanismos de control posterior.

La AECID es la agencia estatal encargada de fomentar, programar, coordinar y ejecutar las políticas públicas de cooperación española para el desarrollo sostenible, la acción humanitaria y la educación para la ciudadanía global. Sin embargo, Cambronero cuestiona que el sistema permita fiscalizar de forma eficaz el destino real de todos los fondos enviados al exterior y advierte de que la magnitud de las cifras exige una explicación detallada por parte del Gobierno.

El cálculo realizado por el exdiputado resulta especialmente llamativo: 4.500 millones de euros al año equivalen a más de 12,3 millones diarios. Si se divide esa cantidad entre las 24 horas del día, el resultado supera el medio millón de euros cada hora. Es decir, según su denuncia, cada sesenta minutos España compromete en cooperación exterior una suma equivalente al precio de una vivienda de alto valor en muchas ciudades españolas.

Cambronero ha insistido en que estas cifras deben analizarse en un contexto de creciente presión fiscal sobre los contribuyentes y de dificultades internas en materias como vivienda, sanidad, dependencia, seguridad o infraestructuras. A su juicio, el Ejecutivo dispone de una enorme capacidad económica para financiar proyectos fuera de España mientras muchos ciudadanos soportan problemas básicos dentro del país.

El exdiputado también ha reprochado al Gobierno que presente este gasto como una política incuestionable, sin que exista, según su criterio, un debate público suficiente sobre su utilidad, su fiscalización y sus beneficiarios. En su intervención, subrayó que no se trata de pequeñas subvenciones aisladas, sino de una cantidad global que alcanza un récord histórico y que, traducida a cifras cotidianas, permite dimensionar el volumen real del desembolso.

La cooperación española viene incrementando su peso presupuestario en los últimos años. Exteriores ya destacó que la AECID había duplicado en dos ejercicios su presupuesto hasta situarlo en torno a los 700 millones, su nivel más alto desde 2011, mientras la Ayuda Oficial al Desarrollo elevaba su peso sobre la Renta Nacional Bruta.

Para Cambronero, ese crecimiento no puede desvincularse de la exigencia de transparencia. El exdiputado sostiene que, cuanto mayor es el volumen de recursos públicos movilizados, mayor debe ser también la obligación de detallar los destinatarios, los proyectos financiados, los resultados obtenidos y los controles aplicados para evitar desviaciones, duplicidades o subvenciones de dudosa utilidad.

La denuncia llega en un momento en el que España presume de reforzar su política de cooperación internacional, frente a otros países europeos que han optado por reducir sus partidas. El Gobierno defiende que estas ayudas forman parte de sus compromisos internacionales y de su estrategia de desarrollo sostenible, mientras voces críticas como la de Cambronero lo presentan como un ejemplo de gasto desproporcionado en el exterior.

El debate, por tanto, no se limita a la cifra global, sino al modelo de gestión. La pregunta que plantea el exdiputado es si el Estado puede justificar ante los contribuyentes un desembolso de más de medio millón de euros cada hora en cooperación exterior sin ofrecer un nivel de detalle suficiente sobre el recorrido final de ese dinero.