La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto irregularidades en las facturas y justificantes económicos presentados por el PSOE ante la Audiencia Nacional durante la investigación sobre la presunta financiación ilegal de la formación. Los agentes han identificado gastos cuya documentación no aparece y otros respaldados por facturas difíciles de interpretar, después de comparar los registros entregados por Ferraz con la información que custodia el Tribunal de Cuentas.
Según ha publicado El Mundo, los investigadores llevan varias semanas examinando los movimientos económicos del partido dirigido por Pedro Sánchez. El análisis ha permitido localizar diferencias entre la documentación contable remitida a la Justicia y la facilitada anteriormente al organismo fiscalizador. Algunas operaciones carecerían de sus correspondientes justificantes, mientras que determinados documentos presentan conceptos que no permiten identificar con claridad el motivo de los desembolsos.
Estas anomalías han surgido en el procedimiento que dirige el magistrado Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. El juez reclamó al PSOE un informe detallado de todos los pagos realizados en efectivo entre 2017 y 2024, acompañado de los documentos necesarios para justificar cada movimiento. Posteriormente, amplió sus pesquisas solicitando al Tribunal de Cuentas los registros financieros que la formación había depositado para someterse a los controles legales.
La investigación judicial pretende determinar si existió un mecanismo de circulación de dinero no declarado vinculado a la actividad del partido. Entre las operaciones examinadas figuran las entregas de efectivo efectuadas desde la sede socialista de Ferraz durante la etapa de José Luis Ábalos al frente de la Secretaría de Organización, así como las aportaciones económicas realizadas por particulares y empresarios.
Uno de los principales interrogantes gira en torno a las donaciones recibidas por el PSOE y su posible relación con adjudicaciones de contratos públicos. Los investigadores estudian la hipótesis de que determinados empresarios hubieran efectuado aportaciones económicas a cambio de obtener ventajas en concursos de obras. Según esta línea de investigación, parte de esos fondos podría haberse incorporado a la contabilidad ordinaria mediante transferencias desde la cuenta destinada a donativos hasta la utilizada para afrontar gastos de funcionamiento.
El empresario Víctor de Aldama figura entre los testigos que han proporcionado información sobre estas presuntas prácticas. Durante sus comparecencias judiciales, ha sostenido que Ábalos y su antiguo asesor Koldo García le encomendaron contactar con empresas constructoras dispuestas a entregar comisiones a cambio de contratos públicos. Aldama ha situado en 1,8 millones de euros los pagos que asegura haber canalizado entre 2019 y 2020 y ha aportado documentación con referencias a adjudicaciones y anotaciones que atribuye a Koldo García.
La causa también abarca una segunda vía de presunta financiación relacionada con operaciones petroleras en Venezuela. La Audiencia Nacional examina comunicaciones entre Aldama y Delcy Rodríguez, intercambiadas mediante la aplicación de mensajería cifrada Threema, sobre negocios de compraventa de crudo y movimientos financieros internacionales.
En esta línea de investigación aparece igualmente un contrato entre la sociedad Apamate, vinculada al empresario venezolano Francisco Flores, y Deluxe Fortune, relacionada con Aldama. Los investigadores estudian si este acuerdo sirvió para justificar transferencias de dinero procedentes de operaciones petroleras. El empresario ha declarado que parte de esos fondos terminó convertida en efectivo y fue entregada a Ábalos y Koldo García con la supuesta finalidad de financiar al PSOE.
Por el momento, la UCO continúa tratando de esclarecer las discrepancias detectadas en los documentos contables y de determinar si responden a errores administrativos, deficiencias en la justificación de gastos o posibles operaciones de financiación irregular. La investigación permanece bajo secreto de sumario y las sospechas examinadas por la Audiencia Nacional no constituyen, por sí solas, una acreditación judicial de financiación ilegal.
