La estrategia de asfixia comercial impuesta por Marruecos sobre Ceuta y Melilla cumple ya siete años. Desde el cierre unilateral de la aduana de Melilla, ejecutado sin previo aviso entre el 31 de julio y el 1 de agosto de 2018, Rabat no ha dejado de aplicar medidas para aislar económicamente a las dos ciudades autónomas, cuyo estatus como territorio español nunca ha sido reconocido por el régimen alauí.

Un año después, en diciembre de 2019, Rabat remataba su maniobra liquidando el “comercio atípico” en la frontera con Ceuta. Desde entonces, la presión sobre ambas plazas ha sido constante, con decisiones unilaterales, cierres prolongados de fronteras y promesas incumplidas. Todo ello, sin una respuesta firme del Gobierno español, que ha optado por plegarse a los intereses marroquíes en lugar de defender la soberanía nacional.

En marzo de 2020, Marruecos utilizó la pandemia como excusa para cerrar por completo los pasos terrestres, y no fue hasta mayo de 2022 cuando volvió a permitir el tránsito, únicamente a ciudadanos europeos o con visado Schengen. El cierre coincidió, casualmente, con el punto álgido de la crisis diplomática entre Rabat y Madrid, y solo se resolvió tras la histórica carta de Pedro Sánchez al rey Mohamed VI —fechada el 18 de marzo de 2022 y difundida por el propio Palacio Real marroquí— en la que, por primera vez, un presidente español apoyaba el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. Un giro sin precedentes, ejecutado sin consultar al Congreso ni al jefe del Estado.

A cambio de esta cesión, Marruecos se comprometía —con ambigüedad— a “normalizar los dispositivos de control aduanero”. Sin embargo, dos años después, los pasos comerciales en Ceuta y Melilla siguen prácticamente cerrados. A pesar de la celebración de la Reunión de Alto Nivel (RAN) en Rabat en febrero de 2023, la reapertura de las aduanas nunca se materializó. Ni en 2023 ni en 2024, y pese a los constantes elogios del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, hacia la “cooperación” marroquí.

Cuando finalmente, en enero de 2024, se permitió el paso de algunas mercancías, el resultado fue simbólico. Según cifras publicadas por la prensa marroquí, sólo se han registrado 19 cruces de mercancías en Melilla (de los cuales apenas siete iban destinados a Marruecos) y 42 en Ceuta, de los que sólo uno tenía origen en la ciudad autónoma. Una burla para los empresarios locales, que siguen viendo cómo su actividad está bloqueada por intereses políticos.

La situación volvió a agravarse en julio, cuando Marruecos paralizó de nuevo los trámites aduaneros alegando incompatibilidad con la Operación Paso del Estrecho, a pesar de que Albares insiste en que ambas actividades son “compatibles”. Lo cierto es que el tránsito comercial continúa interrumpido, y la paciencia del tejido empresarial ceutí y melillense está al límite.

Mientras tanto, Rabat continúa cosechando éxitos diplomáticos. Desde el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara por parte de Estados Unidos en 2020, hasta los apoyos explícitos de Francia y el Reino Unido al plan de autonomía propuesto por el reino alauí, Marruecos ha conseguido imponer su relato a las grandes potencias internacionales.

España, por el contrario, ha pasado de potencia administradora del Sáhara Occidental a peón subordinado de la agenda marroquí, renunciando a defender sus intereses en el norte de África y dejando a Ceuta y Melilla abandonadas a su suerte. La Moncloa ha avalado públicamente los postulados del régimen de Mohamed VI, mientras este bloquea las aduanas, incumple acuerdos y presiona para que Sánchez o su sucesor den un paso más: el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Una cesión más que pondría en riesgo no solo la política exterior, sino también la integridad territorial de España.