La autoridad judicial ha ordenado este sábado la expulsión de siete inmigrantes a Marruecos después de que fueran condenados por distintos delitos cometidos en Ceuta. Las penas de prisión dictadas tras el reconocimiento de los hechos fueron sustituidas por la expulsión del territorio nacional.

Los siete casos se suman a las expulsiones ejecutadas previamente en el marco de las medidas aplicadas para aquellos inmigrantes que, tras su llegada a la ciudad autónoma, incurren en conductas delictivas. De acuerdo con los datos facilitados por el mando único, 364 personas han sido expulsadas hasta la fecha, a las que se incorporan ahora estos nuevos procedimientos.

Cuatro de los expulsados están relacionados con los conocidos policialmente como ‘simuladores’, término utilizado para identificar a quienes intentan superar los controles del puerto utilizando documentación perteneciente a otra persona.

En estos casos, los documentos pueden ser auténticos, aunque utilizados por una persona distinta de su titular a cambio del pago de una cantidad de dinero. También se han detectado documentos que han sido manipulados o alterados con el objetivo de facilitar el acceso al embarque y eludir los controles policiales.

Los cuatro detenidos intentaron burlar los controles establecidos en el filtro de pasajeros previo al embarque en los ferris con destino a la península. Los agentes pudieron detectar las irregularidades mediante la experiencia adquirida en este tipo de intervenciones y el empleo de dispositivos verificadores de documentación.

Los cuatro acusados reconocieron los hechos y aceptaron una pena de dos años de prisión, que fue sustituida por la expulsión de España durante cinco años. Además, fueron condenados a multas de seis meses, con cuotas diarias de entre seis y dos euros, por delitos de falsedad documental.

A estos cuatro casos se suma el de otro inmigrante implicado en un delito de atentado, que también aceptó una condena de dos años de prisión y su expulsión del territorio nacional durante cinco años.

Los dos casos restantes corresponden a inmigrantes condenados por delitos de hurto, después de hacerse con una tablet. Ambos aceptaron igualmente penas de dos años de prisión, sustituidas por la expulsión durante un periodo de cinco años.

En todos los procedimientos, los acusados reconocieron los hechos y aceptaron las condenas alcanzadas mediante conformidad entre las partes. Una vez completados los trámites judiciales y administrativos, los siete fueron entregados a Marruecos para ejecutar las correspondientes órdenes de expulsión.