El Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que entonces dirigía la hermana del ministro de Transportes, Sofía Puente, amplió el ámbito de las personas que podían acceder a la nacionalidad española, por la llamada ‘ley de nietos’ con una orden que los cónsules debían aplicar desde fechas que se remiten al tiempo del rey Fernando VII, en 1830.

Asimismo, Puente incluyó procesos con inmigrantes venezolanos en Trinidad y Tobago o Ecuador en situación ilegal, o «doble oportunidad» para procesos de nacionalizaciones que fueron denegadas en 2007, según publica este jueves ABC.

Recordemos que la Ley de Memoria Democrática, concebida por el Gobierno socialista, tenía como objetivo, supuestamente, «reparar a los exiliados del franquismo durante el periodo 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955″. No parece que el reinado de Fernando VII se pueda ajustar a dicho criterio.

Como viene informando La Gaceta, el Tribunal Supremo recibió este miércoles el listado de los 163.020 nacionalizados afectados por la suspensión del censo de la ‘ley de nietos‘.

En el proceso encabezado por la hermana de Óscar Puente se plantea si el bisnieto de un español emigrado en 1830, en pleno reinado de Fernando VII y en los albores de las Guerras Carlistas, puede adquirir la nacionalidad española a pesar de que ninguno de ellos sufriera jamás persecución o exilio bajo el régimen franquista.

La instrucción permitió que descendientes de la gran «emigración en masa» decimonónica y de principios del siglo XX (entre 1880 y 1930), que jamás han residido en territorio español ni guardan vínculo alguno con el exilio, queden plenamente facultados para ostentar la nacionalidad española de origen, dice este diario.